En el texto, la UPF condena “rotundamente” la represión ejercida por el Reino de Marruecos sobre la población civil del territorio ocupado del Sahara Occidental.

A juicio de la UPF, “la política gubernamental española se tiñe de una incomprensible equidistancia” entre el pueblo saharaui y el Gobierno marroquí, obviando la legislación internacional, que reconoce el derecho del pueblo saharaui a la autoderminación.