Su cerco o vigilancia sobre las criptomonedas llegará con la trasposición de la V Directiva antiblanqueo, cuya fase de consulta abrió hoy el Ministerio de Economía y Empresa con intención de agilizar la tramitación dentro del plazo fijado que expira el 10 de enero de 2020.

El texto abierto para recabar las opiniones de la industria anima a detallar qué sujetos deberían registrarse y si bastará con vigilar a aquellos proveedores con establecimiento físico en el país o a cualquiera que preste su servicio a clientes residentes en España, sin tener tal presencia.

La intención es sujetarlos a un registro y convertirlos en sujetos obligados para que apliquen la norma antiblanqueo y reporten operaciones sospechosas.

La UE puso en la dina las monedas virtuales ante el riesgo de que vehiculen transacciones ilegales o se utilicen para financiar actividades ilícitas o lavar dinero, guarecidas bajo el anonimato característico de las transacciones.

Entre las novedades de la directiva figurar el declarar las titularidades financieras de las cajas de seguridad, o determinar la estructura y funcionamiento del registro de titulares reales, sean personas jurídicas o trust y figuras análogas tratando de poner fin a la opacidad de empresas interpuestas para ocultar fondos o eludir la rendición de cuentas al Fisco.

También buscará revisar y actualizar la norma en materia de protección de datos, y de los sistemas de identificación no presenciales y de firma electrónica.

En el texto donde abre la consulta, Economía apunta que la posibilidad de articular soluciones alternativas a la directiva para los fines previstos en la directiva por lo que quiere, por ejemplo, recabar opiniones sobre cómo instrumentar dichos registros de titulares reales.

El ministerio anima a detectar y apuntar, además, potenciales sujetos obligados que podrían ayudar a identificar y denunciar operaciones ilícitas.