Este tribunal, en una sentencia dada a conocer este lunes, concluye que Mas y varios de sus exconsejeros y ex altos cargos deben devolver a las arcas públicas el gasto millonario que se destinó a celebrar la consulta del 9-N.

Así, Mas deberá pagar 4.946.788,16 euros por “todos los daños causados por los gastos vinculados a la consulta y al proceso de participación que se declaran no justificados en la presente sentencia, y que se relacionan en el fundamento jurídico undécimo de la misma”.

También deberán hacer frente a elevadas multas Joana Ortega, exconsejera de Gobernación y Relaciones Institucionales ; Francesc Homs, exconsejero de Presidencia; Irene Rigau, exconsejera de Educación ; Luis Bertrán, ex subdirector general de Administración y Servicios del Departamento de Gobernación; Josefina Valls, ex directora de servicios de Gobernación; Ignasi Genovés, ex director general de Difusión del Departamento de Presidencia ; Jordi Vilajoana, ex secretario general de la Presidencia; Jaume Domingo, director general del Diario Oficial de la Generalitat; y Teresa Prohias, exdirectora de Servicios de Presidencia.

MAS NO LO IMPIDIÓ

A este respecto, Ortega deberá pagar 865.674,90 euros por varios conceptos, entre ellos 143.738,54 euros para fabricación del material para ser empleado en la votación del 9-N. A su vez, Homs deberá hacer frente a 1.979.063,28 euros también por varias cuestiones, entre ellas la campaña de publicidad institucional, por importe de 806.403,52 euros, así como la elaboración del soporte informático necesario para celebrar la votación, por importe de 698.685,15 euros.

Asimismo, la exconsejera Rigau deberá devolver 2.800.735,13 euros, correspondiente la adquisición de los 7.000 ordenadores empleados en las mesas de votación y transporte de los ordenadores a los centros de enseñanza.

El Tribunal de Cuentas sentencia que en la investigación se ha probado “que los demandados tuvieron una intervención decisiva en las actuaciones que generaron el daño a los fondos públicos que se enjuicia en el presente procedimiento”.

Así, Mas es responsable “en cuanto decidió y anunció, tanto la celebración de la consulta convocada por decreto de 27 de septiembre (de 2014) como el proceso participativo convocado en la comparecencia ante los medios de comunicación del 14 de octubre”.

La resolución afirma que “todos los gastos” que se realizaron con motivo del 9-N se efectuaron “para dar cumplimiento a esas decisiones del presidente de la Generalidad quien, por lo demás, pudiendo hacerlo, no adoptó medida alguna para evitar que esos gastos se realizaran”.