España se enfrenta al riesgo de sufrir una multa de 105.991 euros al día por no haber transpuesto la directiva 2014,17/UE sobre créditos inmobiliarios que el Gobierno del PP aprovechó primero, y ahora el del PSOE, para introducir normas 'made in Spain' de mayor protección para los consumidores y resolver con la nueva norma aspectos de los contratos hipotecarios puestos en tela de juicio por los tribunales.

El plazo límite para la transposición de la directiva finalizó el pasado 21 de marzo de 2016, por lo que existe un procedimiento de infracción abierto contra España, actualmente en fase de demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está pendiente de dictar sentencia.

El proceso quedó desactivado temporalmente al enviar el anteproyecto al Congreso, pero sigue sus tiempos obligando a "agilizar al máximo la tramitación del proyecto, reduciendo lo posible los plazos y trámites necesarios para su aprobación", informó el Gobierno.

Al declarar "de urgencia" su paso en el Senado, se acorta a 20 días naturales el plazo que tendrá la Cámara para tramitar la norma frente a los dos meses habituales, indicó la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa.

LEY DE PLANES DE PENSIONES

Bajo esa premisa de evitar sanciones, el Consejo de Ministros ha informado del anteproyecto de ley para la transposición de la Directiva Europea 2016/2341 de 14 de diciembre que regula las actividades y supervisión de los Fondos de Pensiones de Empleo.

La transposición modificará el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, introduciendo novedades dirigidas a mejorar los sistemas de gobierno, la información, supervisión y transparencia de los fondos de pensiones.

Asimismo, se incluyen medidas dirigidas a impulsar la competitividad y la creación de un mercado único, mediante la regulación de la actividad y las transferencias transfronterizas de los fondos.