Así lo comentó Carcedo en el Pleno del Senado al responder a María Pilar Garrido, de Podemos, quien interpeló a la ministra sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para fortalecer el cuarto pilar del Estado de bienestar.

Carcedo comentó que el Ejecutivo trabaja en “reorientar de nuevo todo el sistema de protección social” con diversas medidas, entre ellas mejorar el sistema de información porque el actual es “muy débil” debido a la distribución competencial de los servicios sociales.

Además, deseó que el acuerdo presupuestario para 2019 se apruebe para “recuperar parte de los recortes” del Plan Concertado de Servicios Sociales con el fin de cooperar con las comunidades autónomas y contribuir a combatir la pobreza infantil, y para “recuperar la orientación inicial” de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Igualmente, indicó que el Gobierno pretende recuperar la financiación del nivel mínimo y del nivel acordado de protección, así como que los cuidadores puedan cotizar a la Seguridad Social. “Hay casos muy sangrantes, sobre todo en la discapacidad infantil, donde las madres tienen una dedicación muy intensa”, apostilló.

Carcedo subrayó que esas medidas requieren de partidas presupuestarias que dejen atrás “todo lo que todos estos años sufrió de deterioro nuestro Estado de bienestar" no solamente para mejorar la protección social, sino para desarrollar un sistema que genere empleo estable y de calidad en favor de “una sociedad mucho más igualitaria, más equitativa y más justa”.

No en vano, apuntó que que la reciente crisis económica afloró “los costurones de nuestro Estado de bienestar” al incrementarse el riesgo de pobreza incluso entre un sector de la población trabajadora, al descender del 1,6% al 1,4% la contribución de los servicios sociales al PIB, y al demorarse el calendario previsto en la implantación de la ley de dependencia.

“CUESTIÓN DE ESTADO”

Por su parte, Garrido indicó que la respuesta de los gobiernos tras la crisis económica han generado una “década perdida” en materia social por dejar “temblando en los huesos a nuestro Estado de bienestar” y aportó algunos datos: un 28% de la población en riesgo de exclusión social, siete de cada 10 contratos precarios son para mujeres, cinco millones de personas en situación de pobreza energética y dos millones requieren de ayuda alimentaria, al tiempo que más de 300.000 personas en situación de dependencia reconocida están en lista de espera.

Garrido recalcó que el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos recoge “una cierta luz más allá de ese largo túnel oscuro que significaban los gobiernos del PP” al incrementarse los recursos económicos para las personas en situación de dependencia.

“Es importante que la organización de los cuidados se considere una cuestión de Estado. Necesitamos, por lo tanto, más esfuerzo y más valentía por parte del Gobierno para que estos compromisos puedan salir adelante. Asuman su parte de responsabilidad, lideren y trabajen también con otras fuerzas políticas para lograr consensos amplios que nos permitan hacer realidad lo que hoy planteamos”, concluyó.