Se trata de la primera vez que un tribunal español obliga a una administración autonómica a adoptar planes propios de calidad del aire independientemente de los nacionales y ello es por una demanda contencioso-administrativa interpuesta por Ecologistas en Acción.

La sentencia, del pasado 19 de octubre y frente a la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, puede tener “importantes consecuencias” para una docena de comunidades autónomas que también incumplen la normativa, así como para el Gobierno español, según subrayó este lunes Ecologistas en Acción.

Con la nueva decisión, la Junta de Castilla y León debe elaborar planes de mejora de la calidad del aire en las zonas donde entre 2010 y 2014 se superaron los valores objetivo para la protección de la salud y/o para la protección de la vegetación, establecidos por la normativa europea y española de calidad del aire para el ozono troposférico (O3).

Esas zonas son Salamanca, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche, Sur y Este de Castilla y León, a las que habría que añadir Valladolid, y Soria y Demanda, por incumplimientos en años posteriores. Todas ellas suman una superficie de cerca de 75.500 kilómetros cuadrados y una población de 1.755.000 habitantes.

El tribunal entiende que tanto la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera como el Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire, obligan a las comunidades autónomas a adoptar planes de mejora de la calidad del aire para alcanzar los objetivos de calidad del aire en los plazos fijados en las zonas en las que los niveles de uno o más contaminantes regulados superen esos objetivos, como es el caso del ozono.

“PRECEDENTE JUDICIAL”

La sentencia declara que la existencia de valores altos de ozono en prácticamente todo el territorio de Castilla y León, de España y del sur de Europa, poniendo de relieve que no se trata de un problema local y regional sino nacional e internacional, "no desvirtúa el carácter imperativo con el que los preceptos citados regulan el deber de actuar de las Administraciones Autonómicas en la elaboración y aprobación de los Planes de mejora de la calidad del aire”.

"No puede mantenerse, como pretende la Administración demandada, que con carácter previo al desarrollo de los planes regionales sea necesario contar con un plan nacional, pues, como se ha expuesto antes, se trata de instrumentos independientes, aunque, eso sí, con la necesaria interrelación y coherencia entre ambos", indica la sentencia.

Para Ecologistas en Acción, esta sentencia constituye “un precedente judicial que prefigura la solución a la situación de incumplimiento de los estándares legales de calidad de la aire por ozono en diversas zonas de una docena de comunidades”, concretamente Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra y País Vasco, que abarcan unos 340.000 kilómetros cuadrados y cerca de 18 millones de personas.

El ozono troposférico, también conocido como ‘ozono malo’ por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por el transporte y algunas industrias, en presencia de radiación solar.

Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas y el agravamiento de patologías cardiovasculares, con resultado de hospitalización o muerte.

Un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) difundido la semana pasada, y recogido por Servimedia, indica que la exposición a largo plazo al ozono troposférico fue responsable de 1.800 muertes prematuras en España en 2015, así como de 7.900 fallecimientos por partículas en suspensión más finas y 8.900 por dióxido de nitrógeno. Además, el O3 es tóxico para la vegetación, daña los bosques y reduce la productividad de los cultivos.