El Constitucional informó este lunes de que ha admitido a trámite por unanimidad los recursos de amparo presentados por los encausados contra el auto de 30 de julio de 2018 de la Sala de Apelaciones del Supremo, que confirmaba otra decisión previa del juez Llarena que suspendía como parlamentarios a los encausados del ‘procés’.

La admisión de los recursos se ha tomado en dos providencias distintas, una que afecta a Puigdemont, Junqueras y otros investigados, mientras que la segunda se refiere a Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull.

Al mismo tiempo, el Pleno del Constitucional ha admitido a trámite un recurso del PSC contra el acuerdo de la Mesa del Parlamento catalán de 8 de octubre de 2018, que permitió el voto delegado de varios diputados suspendidos de sus funciones por el Supremo.

“ESPECIAL TRASCENDENCIA”

En los escritos presentados en nombre de Puigdemont y los otros encausados del ‘procés’, sus abogados habían recurrido el auto de 30 de julio de 2018 de la Sala de Apelaciones del Supremo, que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 9 de julio de Llarena.

Ambas resoluciones judiciales señalaban que los ahora recurrentes quedaban “suspendidos automáticamente y por imperio del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando”.

El Constitucional aprecia que en los recursos de estos encausados del ‘procés’ concurre una “especial transcendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal”.

Al mismo tiempo, el Pleno del Constitucional ha decidido por unanimidad admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el PSC contra el acuerdo de la Mesa del Parlamento catalán de 8 de octubre de 2018, que permitió el voto delegado de varios diputados suspendidos de sus funciones por el Supremo.

El PSC considera que, al rechazar la Mesa su petición de reconsideración, se ha podido lesionar el derecho a ejercer el cargo público en condiciones de igualdad, sin perturbaciones ilegítimas y conforme a lo que dispongan las leyes.