Así lo explicaron este lunes ante el Supremo el abogado de Vox Pedro Fernández, a quien acompañaron el secretario general de este partido, Javier Ortega, y el presidente del mismo, Santiago Abascal.

Fernández indicó que dos aspectos “diferencian” el escrito de acusación de su fuerza política de los de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. El primero es imputar dos delitos de rebelión en vez de uno para los responsables del ‘procés’, que se refieren al referéndum del 1-O y a los disturbios frente a la Consejería de Economía de la Generalitat los días 20 y 21 de septiembre de 2017.

Este letrado también apuntó que Vox atribuye a todos los procesados el delito de organización criminal, al entender que “se ha producido un proceso separatista, con reparto de papeles y de funciones entre todos los procesados”. Explicó que el partido de Abascal considera que el Supremo debe tener la “oportunidad” de condenar a los encausados por dos delitos de rebelión y por organización criminal.

Por su parte, Ortega señaló que su formación pretende seguir como acusación en la causa del ‘procés’ “hasta el final”, a pesar “de los intentos de que las cloacas del Estado” de sacarles de la causa. Aludía así a noticias que apuntan que los independentistas catalanes han pedido al Gobierno que busque alguna fórmula para que Vox no esté en el juicio por el proceso secesionista.

“INTENSA Y VIOLENTA MOVILIZACIÓN”

En su escrito de acusación ante el Supremo, Vox pide para los acusados más de 700 años de cárcel. Además, para los exconsellers Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila, solicita 24 años de prisión para cada uno de ellos y multa de 108.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años, como autores de un delito de organización criminal, otro de desobediencia y uno de malversación de caudales públicos.

El partido de Abascal también reclama que los expresidentes de la ANC Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural Jordi Cuixart sean condenados a 62 años de prisión como autores cada uno de ellos de dos delitos de rebelión y alternativamente, de dos de sedición, y un delito de organización criminal.

Vox acusa a ambas entidades separatistas de “favorecer la creencia pública de que la proclamación de la república era perfectamente viable”, promoviendo para eso “una intensa y violenta movilización ciudadana”.

De estos hechos responsabilizan directamente a los expresidentes de ambas organizaciones, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y acusan a ambos de llevar años “alimentando el mito de la independencia de Cataluña mediante argumentos xenófobos y racistas en contra de los españoles y entre amplios sectores de la población catalana”.