Tras afirmar que “nuestra respuesta contra el separatismo dogmático y excluyente ha de ser unánime, igual que nuestro compromiso con los valores democráticos, que solo la ley y la fortaleza del Estado de Derecho pueden garantizar”, Cs considera “preciso condenar sin tibiezas ni titubeos la violencia a la que abocan los comandos separatistas, que alienta el Gobierno de Cataluña y que minimiza el Gobierno de España”.

Asimismo, indica que “algunas de las instituciones catalanas más relevantes y representativas colaboraron de manera activa con el golpe de Estado del año 2017, y, desde entonces, ni siquiera la aplicación temporal del artículo 155 de la Constitución ha servido para aminorar su complicidad con el separatismo excluyente que pretende imponerse en Cataluña”.

Por ese motivo, en la proposición no de ley Cs insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno central para “realizar el requerimiento previo al Presidente de la Generalidad de Cataluña que contempla el artículo 155 de la Constitución”.

En el citado artículo se indica que “si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

En la iniciativa también se pide “condenar las actuaciones violentas de los comandos separatistas durante los últimos meses y, en particular, el ataque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la ocupación de infraestructuras clave y el asalto a la Delegación del Gobierno de la Generalidad en Gerona y al Parlamento de Cataluña”.

GRAVE SITUACIÓN

Aguado señala en la proposición que “la grave situación a la que han abocado los partidos separatistas y el Gobierno de la Generalidad es ya insostenible” y explica que en 2017 “la coalición independentista cruzó de modo imperdonable una línea que conduciría a la más detestable ilegalidad y, finalmente, en perjuicio de todos, a una situación de conflictividad social en la que, desde hace un año, Cataluña se encuentra atrapada, con tensión creciente y brotes de violencia que comienzan a preocupar a toda la ciudadanía española”.

“Tras el estridente fracaso de los planes de los partidos secesionistas, ahora su estrategia para escapar de su irresponsabilidad es seguir elevando la tensión sin otro particular propósito que el de evitar admitir dicho fracaso”, expone Aguado, quien añade que “la ciudadanía catalana es la única que está pagando verdaderamente el precio de su impudicia, cada vez más elevado e injustificado”. Según el líder de Cs, “la primera conmemoración del referéndum ilegal durante el pasado 1 de octubre fue un buen ejemplo de ello”.

Por otro lado, en la PNL se destaca que “durante las últimos meses, los comandos separatistas (CDRs) no han dejado de llevar a cabo actuaciones violentas que han amenazado con paralizar la comunidad autónoma, en varias ocasiones con éxito”.

Aguado informa de que “el pasado 1 de octubre, y en apenas unas pocas horas, los CDRs cortaron varias carreteras de toda Cataluña (entre ellas, la AP-7) y las vías del tren de Gerona y, finalmente, asediaron las delegaciones del Gobierno de la Generalidad en Gerona y el Parlamento de Cataluña, todo lo anterior mediante el uso de una violencia explícita y de todo punto injustificada”.

Ante tal situación, se indica en la PNL, “intolerable en cualquier democracia que se precie, el Presidente de la Generalidad de Cataluña, Joaquim Torra, se ha plegado cobardemente a las consignas excluyentes, violentas y antidemocráticas de los citados comandos separatistas, e incluso ha aplaudido sus actuaciones durante la conmemoración del referéndum ilegal celebrado -a duras penas- el 1 de octubre de 2017: "Apretad, hacéis bien en apretar", ha declarado públicamente”.

Cs considera este hecho, “que el presidente de una comunidad autónoma anime a unos ciudadanos, sin importar quiénes sean, a cometer actos de violencia y de ocupación del espacio público de manera ilegal no sólo constituye una actuación inmoral y explícitamente antidemocrática, sino que resulta gravísimo, intolerable y de una irresponsabilidad mayúscula”.

Ante esta situación, Cs cree que “la respuesta del Gobierno de España ha de estar a la altura de una nación democrática, protegiendo la legalidad y los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña”.

A juicio de la formación naranja, "el Estado lleva desaparecido en Cataluña demasiado tiempo. Es por ello que, a la vista de que las circunstancias evidencian una innegable escalada de tensión en Cataluña, ha llegado el momento de admitir que sólo la imposición de la legalidad y el refuerzo del Estado de Derecho y de la democracia en Cataluña podrán impedir que la ilegalidad y el caos se impongan, la convivencia peligre de manera irreparable y que la solución al conflicto catalán se dilate durante años".