“Sería inédito (…) No tenemos precedentes en países de nuestro entorno”, defendió a preguntas directas durante la presentación de resultados de los nueve primeros meses del año, cuando el grupo ganó 4.323 millones de euros, un 25,3% más, pese a la depreciación de las divisas, la ralentización del negocio en Turquía, el impacto de la hiperinflación en Argentina y tras la venta del negocio retail en Chile.

El banquero explicó que la situación con este tributo nada tiene que ver con condiciones contractuales como las cláusulas suelo, donde los tribunales sí han fallado en favor de los consumidores y han obligado a las entidades financieras a resarcirles con efectos retroactivos.

Así, como antes hicieran el resto de banqueros, Torres refirió que la banca no ha ingresado la tasa sino las haciendas de las administraciones territoriales, y el abono por parte de los clientes estaba fijado por una ley que data de 1980, posteriormente se constató en un reglamento en 1995 y recibió su refrendo, incluso, en resoluciones del Tribunal Supremo.

“Entendemos que por principio de seguridad jurídica, que tan sagrado es en este país, no se puede penalizar al que ha cumplido con las normas en todo momento”, defendió Torres en aras “del principio de seguridad jurídica que nos afecta a todos”. En este sentido rehusó elucubrar sobre un potencial impacto y evitó valorar si un cambio en la jurisprudencia podría acabar encareciendo el precio de las hipotecas porque ahí entraría el juego de “las dinámicas competitivas” de la industria.

EN EUROPA EL TRIBUTO LO PAGA EL CLIENTE

Según indicó, las distintas entidades “tomarán sus decisiones sobre cómo recalcular” el impacto si ocurriese como ocurre en cualquier industria: “En cualquier sector, cuando le cambian la estructura de costes, verán cómo afecta a su política de precios”.

Aunque subrayó que el banco, como el conjunto de la industria, acatará la resolución que adopte el Alto Tribunal el próximo día 5 de noviembre, Torres aprovechó para detallar que supondrá una situación casi atípica.

“No solo todo ordenamiento jurídico en su conjunto ha entendido siempre que el sujeto pasivo era el cliente y el cliente lo ha estado pagando”, relató, sino que “en otros países europeos, con impuestos parecidos, el sujeto pasivo también es el cliente” e, incluso, “en España donde hay leyes forales”.

Torres aseguró que la operativa en BBVA se ha mantenido con normalidad, aunque “no es conveniente que se prolongue la situación”, y pidió que se “clarifique” cuanto antes. Se desmarca así de sus homólogos en Bankinter y Caixabank, o incluso la patronal AEB, que sí han constatado ralentización en la firma de operaciones atribuida al deseo de los clientes de esperar y ver qué decide el Supremo.

Por otro lado, Torres se mostró contrario al impuesto sobre las transacciones financieras con el que el Gobierno espera recaudar 850 millones de euros al año. A su juicio, no se debería afectar a una “parte tan importante de la actividad como son las transacciones financieras”, ya que son “facilitadores” de la economía, y en este sentido reclamó al Ejecutivo que “trabaje en coordinación con otros países” si apuesta por su aplicación para evitar que su fijación solo en España provoque una fuga fiscal de la operativa hacia países sin esta tributación.