Su estimación la formuló con las conclusiones del informe 'Hacia un modelo social y sostenible de infraestructuras en España' encargado a A.T. Kearney, y que le sirve de apoyo para demandar la fijación del cobro por uso en los accesos a Madrid y Barcelona.

El estudio sostiene que la implantación de modelos de tarificación inteligente en los accesos de ambas urbes reduciría su congestión entre el 30 y 50% en horas punta, “evitaría 150 horas del año de atascos por cada conductor, y reduciría las emisiones de CO2 hasta un 15%”.

“España no puede quedarse atrás. Debe garantizarse el principio de movilidad para el ciudadano con un modelo de financiación de infraestructuras viarias más justo, solidario y sostenible que sea compatible con el creciente gasto social y garantice las inversiones necesarias en nuestras carreteras en un contexto de restricciones presupuestarias”, subrayó el presidente de Infraestructuras de A. T. Kearney, Eugenio Prieto.

Según el estudio, la ausencia de un modelo de financiación así dificulta la movilidad del ciudadano porque “fomenta la congestión y pérdida de tiempo en atascos”, acrecienta los problemas de salud por contaminación y aumenta la desigualdad social entre regiones.

ATASCOS

En este sentido, aporta datos de la Dirección General de Tráfico que revelan un incremento del número de fallecidos por accidentes a casi 1.300 en 2017, con un coste por siniestralidad de 10.000 millones de euros o el equivalente a un 1% del PIB.

La consultora señala, por otra parte, que los atascos en España acarrean un coste de 5.000 millones cada año conforme a estimaciones de la Comisión Europea.

A su juicio, el país arrastra unas necesidades de inversión en transporte público, movilidad y accesibilidad urbana de 64.000 millones de euros, siendo el déficit inversor en la red viaria convencional de 7.200 millones, conforme a datos de la Asociación Española de la Carretera compilados por la consultora.

Por eso, y con estos datos de argumento, los constructores demandan modificar el sistema de financiación, con un mayor cargo en la inversión privada y la participación de los usuarios, en línea con lo que hacen otros países europeos. Según sus cifras más de 20 países europeos tienen tarificadas todas sus redes viarias de gran capacidad –más de 62.000 kilómetros- y en España apenas alcanza a un 18%.