“Los bancos y los clientes, durante estos últimos 23 años, hemos hecho lo que marcaba la ley y lo que marcaba el impuesto de actos jurídicos documentados”, subrayó el consejero delegado de la entidad, José Sevilla, durante la presentación de resultados. “No debería implicar ningún tipo de penalización”, insistió.

El banco, que ganó 744 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 0,6% más, no se ha planteado, por tanto, efectuar ningún tipo de provisión como el resto de entidades que han presentado resultados hasta el momento.

El banquero justifica la idea de que un eventual cambio en la jurisprudencia no debería encarecer el coste del préstamo para el ciudadano porque solo alteraría la fórmula por la que el tributo asumido por el cliente en favor de las administraciones autonómicas, correría a cargo del banco.

Más bien al contrario, insinuó que las entidades podrían no repercutir el nuevo coste en su integridad: “La repercusión en precios es difícil de prever. Dependerá mucho de una cosa que se llama competencia, que es bastante intensa”, dijo.

Sevilla subrayó la fortaleza y rivalidad del sistema hipotecario que ha dado acceso a la vivienda a la inmensa mayoría de españoles, con una tasa de penetración o accesibilidad “muy superior en nuestro país que en otros países de nuestro entorno” y con precios más bajos que en países como Alemania, Francia o Italia, gracias a esa ofensiva comercial.

RECONOCE RETRASOS EN LA FIRMA DE PRESTAMOS

“Creo que esto es relevante mantenerlo y protegerlo de cara al futuro”, defendió Sevilla, quien reconoció “un cierto retraso” por parte de los clientes en la toma de decisiones para esperar a tener mayor claridad cuando el Supremo aclare su resolución el próximo día 5, pero negó que esté afectando a la demanda de operaciones. “No estamos viendo afectación”, aseguró en relación a la petición de préstamos.

El director financiero del banco, Leopoldo Alvear, admitió, sin embargo, que la incertidumbre abierta con la decisión del Alto Tribunal añade presión a los valores bancarios y está detrás del castigo en bolsa de unos títulos que llevan semanas sufriendo las expectativas de que el negocio se vea afectado por un retraso en la subida de tipos.

“Lo importante es que tengamos un pronunciamiento claro, nítido”, reivindicó el consejero delegado, quien aseguró que es “lo que quieren” las entidades financieras, los clientes y hasta las instituciones públicas que recaudan el tributo.