La comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, ha contestado así a una pregunta escrita de la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol sobre si Bruselas va a emprender alguna acción contra entidades como la Fundación Francisco Franco o el denominado Movimiento por España, que han dicho en medios de comunicación que "Franco no fue un dictador" o que "han justificado los miles de fusilamientos perpetrados por la represión fascista".

Jourova asegura que en virtud de la Decisión Marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia, los Estados miembros deben garantizar que la incitación pública a la violencia o al odio se considere un delito. "Tal incitación pública comprende la apología y la trivialización flagrante de los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes contra la humanidad, dirigida contra un grupo de personas o un miembro de tal grupo definido en relación con la raza, el color, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico cuando las conductas puedan incitar a la violencia o al odio".

Sin embargo, asegura Jourova, "la Comisión no posee competencias para investigar casos concretos de presunta incitación al odio" y "corresponde a las autoridades policiales y judiciales nacionales investigar y enjuiciar cualquier manifestación de este tipo con arreglo a las disposiciones pertinentes del Derecho nacional".

La responsable europea de Justicia recuerda en la contestación parlamentaria, a la que ha tenido acceso Servimedia, que España ha traspuesto la Decisión Marco a través del artículo 510 del Código Penal, y lo que hace la Comisión es apoyar a las autoridades nacionales y a la sociedad civil en la aplicación efectiva de la Decisión Marco proporcionando orientaciones y fomentando intercambios y la difusión de buenas prácticas.

La Comisión, remarca Jourova, siempre se ha comprometido firmemente a garantizar el respeto de las víctimas y la memoria de los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios en Europa. "No obstante, corresponde primordialmente a los Estados miembros afrontar la cuestión delicada y compleja de las abominaciones y crímenes perpetrados en el pasado. Cada Estado miembro tiene su propio punto de vista sobre esta cuestión, pero, en aras de la reconciliación, la memoria de estos crímenes debe ser colectiva, compartida y promovida", indica la comisaria de Justicia.