Según la Ley General de Discapacidad, tienen derecho a esta compensación aquellas personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que no puedan utilizar los transportes públicos debido a esta condición y que no superen cierto nivel de renta, que se calcula en función del Iprem (70% del Iprem medio si la persona vive sola).

En declaraciones a Servimedia, fuentes del Ministerio explicaron que el objetivo de esta medida es que las personas con discapacidad que perdieron este subsidio puedan recibirlo de nuevo hasta la próxima actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Agregaron que la actualización de las pensiones no contributivas contemplada la Ley de PGE para el año 2018 sin el correlativo incremento del Iprem, que se mantuvo en 6.454,03 euros, perjudicó a quienes percibían esta ayuda que, como consecuencia de la revalorización de su pensión, superaban el límite de rentas exigido.

Según el Ministerio, esta exclusión es una consecuencia "no deseada, ya que una moderada elevación de rentas deja a este colectivo sin poder percibir una ayuda que precisamente atiende a sus necesidades específicas".

El proyecto aprobado hoy dispone que las personas que recibían este subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte y que lo perdieron por las razones apuntadas continúen percibiéndolo hasta la próxima actualización del Iprem. Por otra parte, señala que el procedimiento para el abono de los importes no percibidos se realizará de oficio a cargo de las comunidades autónomas y direcciones territoriales del Imserso, según corresponda. Es decir, no resultará necesario que la persona solicite de nuevo esta prestación, sino que la Administración pagará directamente los importes no percibidos desde el 5 de julio de 2018.