Durante su última comparecencia en el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insinuó que solo puede haber delito de rebelión con militares o civiles armados al recordar unas palabras de 1994 del que posteriormente fue ministro del PP Federico Trillo, cuando hizo una enmienda en la que decía que el delito de rebelión es inherente a un golpe de Estado que se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares. “Fue sólo una alusión a Trillo”, apuntó la portavoz, ante "la creciente derechización" de PP y Ciudadanos.

En este sentido, añadió que el presidente tampoco "pretendía orientar" al Poder Judicial. Ante la información que publica el diario ‘El Mundo’ sobre presiones, lo consideró una “cuestión tremendamente subjetiva", ya que "hay personas que se sienten más vulnerables, heridas u ofendidas por manifestaciones que se puedan hacer desde un ámbito o desde otro". Pero, agregó, "todo el mundo es libre para tener sus sentimientos”.

SIN PRESIONES

Ante esas interpretaciones, Celaá indicó que las palabras del presidente fueron dentro de una comparecencia política y que “para nada” se refirió al Poder Judicial. Por lo que “no hay ningún tipo de presión al Poder Judicial”.

Celaá subrayó que “este Gobierno no da instrucciones a la Fiscalía ni tampoco a la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado, dijo, está trabajando para la elaboración de sus calificaciones que habrá de entregar el 2 de noviembre y lo hace con estrictos argumentos jurídicos, como corresponde”.

“El Gobierno se mantiene absolutamente imparcial en relación al ‘procès’, respeta a la Justicia en todos sus términos”, remachó la portavoz del Ejecutivo. “El Gobierno no marca el paso a nadie. El Gobierno es el Gobierno y si verdaderamente los tribunales son independientes, como lo son, los tribunales no tienen por qué alterar su paso”, reflexionó.

Además, negó que este debate pueda interpretarse como un guiño hacia el independentismo. “Ningún gesto. El Gobierno no entra ni a determinar a decidir ni a impactar en las decisiones que pueda tomar el Poder Judicial”, remachó.

DELITO DE REBELIÓN

Cuestionada por las dudas sobre la posición del Gobierno sobre el delito de rebelión, habida cuenta de que Sánchez consideró en el pasado que lo ocurrido en Cataluña podría considerarse delito de rebelión, Celaá respondió que “el Gobierno no entra para nada en el Poder Judicial ni en la Fiscalía. Por tanto, ni tiene dudas ni deja de tenerlas”.

Además, aportó que el Ejecutivo “está a la espera de conocer, como el resto, las calificaciones que a este respeto pueda hacer la Fiscalía y la Abogacía del Estado”, lo que la llevó a reiterar que el Ministerio Público “no recibe ningún tipo de instrucción del Gobierno, sino que es autónoma e imparcial en sus decisiones”.

Y, en lo que se refiere a la Abogacía del Estado dijo está trabajando con "criterios estrictamente jurídicos" y "técnicos" para presentar sus calificaciones el próximo 2 de octubre, justo el mismo día que se cumple un año de la entrada en prisión preventiva de Oriol Junqueras y el Gobierno catalán cesado. "Este Gobierno no da instrucciones a la Abogacía del Estado", remachó.