Estas iniciativas se llevan a cabo, según Díaz Ayuso, porque esta política del Ayuntamiento de la capital “perjudica gravemente los derechos de los ciudadanos, entorpece su vida diaria, restringe su libertad de movimiento e incide negativamente en la economía y el empleo”.

Además, añadió, refiriéndose a Madrid Central, “se trata de una ordenanza que no ofrece soluciones ni alternativas pero sin embargo si provocará más atascos y mayor contaminación”. Tras señalar que para el PP, “la movilidad es una necesidad”, afirmó que “las administraciones públicas deben garantizarla y no someterla a decisiones arbitrarias, irresponsables y perjudiciales”.

Tras exigir la "suspensión" de la entrada en vigor de Madrid Central, como ha planteado el PP de la Asamblea de Madrid a través de una proposición no de ley, también solicitó el “retraso en la puesta en marcha de la nueva ordenanza de movilidad”. El PP insta al Ayuntamiento a “ampliar los plazos e informar más adecuadamente a los ciudadanos para que puedan adaptarse a la misma”.

Asimismo, esta formación solicita que el protocolo anticontaminación se consensue con la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado, los municipios de la corona metropolitana y los sectores más afectados por los cortes de tráfico.

El PP exige un compromiso por parte del Ayuntamiento para que “refuerce y facilite el acceso al transporte público que depende de él cuando se pongan en marcha fuertes medidas restrictivas anticontaminación de última hora”.

Dijo que su partido estudiará también las "acciones legales que sean necesarias para salvaguardar los derechos de los vecinos frente a las restricciones de Carmena porque perjudica a los que menos posibilidades tienen y les obliga a modificar toda su organización vital sin que el Ayuntamiento de Madrid haya hecho el más mínimo esfuerzo por mejorar o ampliar las alternativas de transporte público y, mucho menos, por potenciar otras políticas medioambientales”.