Así lo anunció la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se analizó el informe preceptivo solicitado hace justo una semana al Consejo de Estado sobre la conveniencia de impugnar la resolución del 11 de octubre del Parlamento de Cataluña que reclama la "abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía”.

Celaá explicó que el informe del Consejo de Estado ha determinado que las palabras incluidas en la resolución de la cámara autonómica "no constituyen objeto idóneo para su impugnación por la vía prevista en el artículo 161.2 de la Constitución" porque su contenido tiene "una naturaleza netamente política y no jurídica, pues no se integran en el ordenamiento ni producen efectos jurídicos de ningún tipo”.

Añadió que el Consejo de Estado entiende que las manifestaciones incluidas en la resolución del Parlament son “un grave atentado al principio de lealtad institucional” y “una declaración política que manifiestamente degrada la forma política del Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra”, así como "una total falta de respeto hacia la más alta Magistratura del Estado”.

La ministra manifestó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "respeta" el trabajo del Consejo de Estado, "agradece su dictamen" en este asunto "pero no comparte" el contenido del mismo, pues juzga que lo que hizo el Parlamet es "inconstitucional".

RECURSO AL TC

Por ello, anunció que "en breve plazo" presentará "por sentido de Estado" un recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra la resolución del Parlament que cuestionaba la actuación del Rey tras el 1-O, al considerar que en ella hay un "ataque injustificado a la figura del Rey".

Recordó que el informe solicitado al Consejo de Estado era "preceptivo" pero "no vinculante". "El Gobierno no entiende que sea admisible desde el punto de vista político y jurídico el ataque injustificado a la figura del Rey, el intento de abolición de la monarquía", criticó.

Insistió en que la actuación del Parlamento de Cataluña "supone una extralimitación en las funciones de la cámara" autonómica en una cuestión nacional sobre la Jefatura del Estado, lo cual "vulnera no solo la Constitución, sino también el Estatuto de autonomía de Cataluña".

De hecho, alegó que esa resolución contra Felipe VI es "un nuevo intento" del Parlamento de Cataluña "de iniciar un proceso unilateral" para alterar la Constitución y que es similar a "otros anteriores", como cuando hace un año aprobó una declaración de independencia para separarse del resto de España.

Pese a que los periodistas le preguntaron a la ministra sobre otras razones políticas o jurídicas para recurrir al TC contra la indicación del Consejo de Estado, la portavoz leyó en repetidas ocasiones una declaración elaborada previamente por el Gobierno, con la que insistió en que se tiene la "convicción" de que la resolución es inconstitucional y por eso debe ser recurrida. Finalmente, alegó que "la figura del jefe del Estado es inviolable y no debe ser objeto de disputa partidaria dentro de una cámara autonómica".