La diputada del Grupo Parlamentario Popular Pilar Cortés fue la encargada de defender en la tribuna del hemiciclo la enmienda a la totalidad a la ley de eutanasia del PSOE. Al inicio de su intervención aseguró que “la postura del PP ante la eutanasia es conocida y es un 'no' rotundo. Esta enmienda pretende ser un texto alternativo a la ley socialista, ya que ustedes defienden terminar con la vida y nosotros defendemos la dignidad de la vida desde el principio hasta el final. Defendemos la buena muerte y defendemos que ésta forme parte de esa vida digna. Por ello, no tengan reparo en criticar nuestro texto”.

El diputado de Ciudadanos Francisco Igea señaló que “el 30% de la gente que fallece en este país no conoce su diagnóstico y el 50% de los que están en cuidados paliativos ni siquiera sabe que están en paliativos y que no tienen ninguna perspectiva de curación”.

Igea subrayó que “esta es la realidad y por lo tanto aún queda mucho por resolver. Necesitamos una ley sancionadora que permita a los familiares y a los españoles saber que sus derechos se ejercen con toda seguridad. Este país está sobrado de políticos ignorantes y fanáticos. Los españoles que se enfrentan a la muerte no necesitan ni beatos ni intelectuales de salón”.

La iniciativa socialista fue lanzada en la primavera de este año y tomada en consideración por el Congreso de los Diputados en junio.

Los populares han hecho público su texto alternativo a la proposición de ley del PSOE, que afirma que la eutanasia es un “derecho individual” al que podrán acogerse quienes sufran “una enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado” o “una discapacidad grave, crónica e irreversible” que les causen “un sufrimiento insoportable”.

En este sentido, el diputado socialista Jesús María Fernández afirmó que “el Partido Popular vive ajeno a la realidad social y nos traen hoy una enmienda a la totalidad que es un fraude porque no tiene nada que ver con nuestra proposición de ley y que quieren tumbar”.

Al ser rechazada la enmienda del PP, la ley socialista pasará primero a la fase de ponencias, en la que los grupos tratarán de consensuar un texto. Luego irá a la Comisión de Justicia y por último regresará al Pleno del Congreso de los Diputados. Allí, al tratarse de una ley orgánica, deberá ser votada en su conjunto y lograr la mayoría absoluta de 176 votos favorables. En toda esta tramitación, el texto seguirá abierto a enmiendas.