Sin embargo, la mayoría de la Cámara Baja ha forzado al Gobierno a tener que tramitar el decreto como proyecto de ley, ya que el PP, tras rechazarlo, dio su respaldo a este tipo de tramitación que permitirá introducir cambios en el texto normativo.

En la votación sobre la convalidación el decreto recibió 179 votos favorables (PSOE, Podemos, ERC, PNV, PDECat, compromís, Bildu y CC), 164 en contra (PP, Ciudadanos y FAC) y dos abstenciones (UPN). En cuanto a su tramitación como proyecto de ley, los votos favorables fueron 184, incluyendo el PP y Ciudadanos, y los contrarios 162, entre ellos el PSOE y Unidos Podemos.

En la defensa del decreto, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, destacó que transferir la regulación de las licencias a las comunidades autónomas ofrece “una solución completa y perdurable” al problema creado por “el brutal incremento del número de autorizaciones que operan en el mercado”.

Además, sostuvo que “se ha puesto de manifiesto que las medidas tomadas hasta la fecha no son suficientes” para atender los problemas generados, ya que actualmente la proporción de VTC frente al taxi alcanza una de cada seis, llegando a una de cada tres en algunas autonomías.

Ábalos señaló también que el objetivo del decreto “es situar a las VTC en el ámbito competencial en el que deben estar de acuerdo con la actividad que están realizando realmente, que es el urbano”.

En la misma línea, defendió que este nuevo marco regulatorio podrá garantizar la “competencia leal” con el taxi además de permitir que los entes locales puedan gestionar de forma adecuada la movilidad interior de los viajeros y controlar de forma más efectiva las condiciones de prestación de los servicios.

“Es evidente que hay muchos intereses en juego y son legítimos, pero desde este ministerio no hemos tenido ningún interés concreto por nada ni por nadie porque nuestra obligación es velar por los intereses generales y se ha hecho pensando en la ciudadanía, la demanda de nuevos servicios y la persistencia de los que tradicionalmente los han prestado”, concluyó.

Dicho decreto establece una moratoria de cuatro años en la que las plataformas como Uber y Cabify podrán seguir operando como hasta ahora. Transcurrido este periodo deberán adaptarse a la normativa municipal y autonómica para poder llevar a cabo transporte urbano.

En el caso de que los actuales poseedores de las licencias no las adapten a la nueva normativa municipal o autonómica, dicha licencia seguirá siendo operativa pero solo para realizar transporte interurbano.

Según el Ministerio de Fomento, esta moratoria de cuatro años “adquiere naturaleza indemnizatoria”, por lo que considera que el Estado no deberá asumir costes por reclamaciones de los titulares de licencias VTC. En todo caso, el decreto contempla ampliar los años de moratoria para responder a posibles reclamaciones.

Gracias a esta medida, que rechaza el sector de los vehículos VTC ya que denuncian que puede dejar en la calle a cerca de 15.000 trabajadores, los taxistas desconvocaron le huelga indefinida que llevaron a cabo durante el verano.

La nueva normativa, que modifica la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), dejará en manos de las propias autonomías asumir o no dicha capacidad regulatoria.

De esta manera, las autonomías tendrán la capacidad legal de permitir a los ayuntamientos que tomen medidas como la de la de aplicar una licencia urbana tal y como pretende el Área Metropolitana de Barcelona, medida que ha suspendido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El decreto contempla también la constitución de un grupo de trabajo que se encargue de la búsqueda de soluciones que faciliten la convivencia ordenada entre el taxi y las VTC.