Además, expresaron "su dolor e impotencia" ante la muerte de uno de los más de 200 inmigrantes que protagonizaron este último salto a la valla. Entre otras garantías jurídicas, las ONG católicas exigieron una identificación personal de cada migrante, con los mecanismos necesarios para detectar la presencia de menores entre los recién llegados; la verificación de sus circunstancias personales, como causas de vulnerabilidad, su estado de salud, etc, y la información sobre el procedimiento para solicitar protección internacional o una eventual devolución, siempre en un idioma entendible por el interesado.

"Volvemos a recordar que estas garantías básicas requieren tiempo y recursos, pues exigen proporcionar intérpretes, asistencia letrada (con tiempo suficiente para atender y entender la situación de cada una de las personas) y vías efectivas de recurso contra la decisión de devolverlas", apuntaron.

"La rapidez no es siempre síntoma de eficacia cuando lo que está en juego son las vidas y el futuro de personas que traen consigo, en la mayoría de los casos, la traumática experiencia de un largo tránsito migratorio", indicaron.