Muñoz está siendo investigado en la pieza llamada `proyecto Pintor´ dentro de instructor de la `Operación Tándem”, por la que se encuentra en prisión el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

En un auto, los magistrados admiten el recurso de apelación presentado por Anticorrupción contra la decisión del juez instructor Diego de Egea de no imponer medidas cautelares al investigado cuando le dejó en libertad provisional, el pasado 2 de agosto, después de declarar en la Audiencia Nacional.

La resolución desestima igualmente el recurso presentado por Juan Muñoz en el que pedía que se declarase la nulidad del auto de De Egea y se retrotrayeran las actuaciones al momento anterior al dictado de la resolución para que el instructor justificara la razón por la que resuelve la libertad sin medidas cautelares.

El empresario, su hermano, Fernando, y sus dos abogados, detenidos dentro de la 'operación Tándem', quedaron en libertad tras declaran el 2 de agosto ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que les investiga por presuntos delitos de extorsión, descubrimiento y revelación de secretos al contratar al excomisario José Manuel Villarejo para intentar cobrar una deuda.

La Fiscalía no solicitó en ese momento prisión para ninguno de ellos. El magistrado acordó la libertad sin medidas cautelares para Juan Muñoz, mientras que para su hermano y para los dos abogados detenidos con ellos estableció libertad provisional con comparecencias mensuales y prohibición de salir de territorio nacional, con la obligación de comunicarlo al juzgado en caso de que necesiten abandonar el país.

La Fiscalía sospecha que el excomisaro Villarejo, en prisión desde el pasado mes de noviembre por su implicación en la 'operación Tandem', fue requerido por los hermanos para que buscara la manera de cobrar a un empresario que les debía dinero. Como prueba, ha aportado una grabación de la reunión en la que los empresarios hablan con Villarejo del asunto y éste les ofrece un vídeo con el supuesto fin de chantajear a una tercera persona para lograr el cobro.

Villarejo está siendo investigado por su participación en una presunta red corrupta de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal en la que participaban varios policías con él a la cabeza. Y ahora está también imputado en esta pieza por extorsión, descubrimiento y revelación de secretos, al igual que los empresarios y sus abogados.

En el interrogatorio se desveló que el supuesto chantaje se hizo sobre el exjuez suspendido por cohecho y prevaricación Francisco Javier de Urquía, que instruyó la investigación del 'caso Malaya' de corrupción y que ahora es el abogado del empresario deudor. Los hermanos Muñoz se habrían dirigido a Villarejo para pedirle que hiciera un informe patrimonial sobre el empresario que les debía dinero.

En la reunión celebrada entre el excomisario, los empresarios y sus abogados, Villarejo no les entrega ese informe, pero les ofrece un vídeo en el que el Urquía aparece junto a otro hombre y dos prostitutas consumiendo cocaína. Según el letrado de uno de los detenidos, el contenido de esta grabación ya había sido relatado por una de las protagonistas en el curso del juicio 'Ballena Blanca', aunque nunca se llegó a ver.

POLÉMICO JUEZ

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió al juez de Marbella Francisco Javier de Urquía Peña el 6 de julio de 2007 tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había abierto una investigación contra él por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho.

El que fuera instructor de la 'operación Malaya' contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella favoreció al exgerente de Urbanismo del consistorio Juan Antonio Roca, que más tarde fue condenado por el saqueo de las arcas públicas municipales a más de 30 años de cárcel de los que en marzo pasado cumplió 12 antes de acceder al tercer grado penitenciario.

El exjuez comenzó a partir de su suspensión a ejercer como abogado, y aunque solicitó el reingreso a la carrera judicial en 2009, le fue denegado y siguió con su labor como letrado en el despacho De Urquía Abogados, que fundó tras su salida de la judicatura. Urquía habría cobrado sobornos de 73.800 euros de Roca a cambio de favorecerle durante la instrucción.