Así lo anunció hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde detalló algunas de las nuevas figuras tributarias decididas para elevar la recaudación y el plan de lucha contra el fraude.

El control “tributario” de las criptomonedas buscará conocer los tenedores de este tipo de activos “recogiendo información sobre los saldos”, con independencia de que los dueños sean empresas o particulares y la inversión se encuentre alojada en España o en el exterior, detalló.

Dentro del plan de actuación para combatir el fraude y por el que el Ejecutivo se propone recaudar 828 millones de euros, perseguirá evitar además el falseamiento y la manipulación de la contabilidad y la facturación de las empresas.

Montero explicó que no se permitirá la producción y tenencia de programas o sistemas informáticos de ‘doble uso’ o que permitan la manipulación de datos contables.

Para garantizarlo trabajará para que los programas reciban certificados en los términos establecidos reglamentariamente y sancionará a los fabricantes con multas de 150.000 euros por cada ejercicio en el que vendan este tipo de productos ilegales.

AMNISTÍAS FISCALES

La ministra refirió que se prohibirán por ley las amnistías fiscales para evitar excepciones como la articulada por el PP en 2012, que tachó de “vergonzosa” e “injusta” por el “agravio para todos los contribuyentes cumplidores”.

El plan estipula igualmente ampliar el concepto de paraíso fiscal habilitando al Gobierno a introducir bajo esta calificación países que destaquen por su opacidad fiscal o falta de transparencia, y reducir el umbral de la cuantía defraudada en el listado de morosos.

Cuando entre en vigor la normativa, se conocerá el nombre de los contribuyentes que adeudan cuantías desde 600.000 euros a la Administración Pública, frente a la cota actual de un millón de euros.

El plan incluirá otras medidas, como reducir de 2.500 a 1.000 euros el umbral para los pagos que podrán efectuarse en efectivo (a partir de ahí deberán efectuarse con pagos telemáticos que dejen trazabilidad de la operación); reforzará el control de la actividad de juego y acelerará la transposición de una directiva que obligará a las multinacionales a tributar en los países en los que tienen actividad y “generan el valor”.

Para que la lucha sea efectiva, el Gobierno reforzará a la Agencia Tributaria con hasta 200 inspectores adicionales y un presupuesto de 33 millones de euros para desarrollar sistemas informáticos que ayuden al registro, supervisión y trazabilidad de las transacciones.