Destacó que se invertirán 90 millones de euros hasta 2025 para la “unificación y construcción de nuevas sedes judiciales en la región, con un calendario y un orden de prioridades acordados”.

A su juicio, la Mesa del Pacto para la Justicia es “el ejemplo de lo que debe ser hacer política, con liderazgo, diálogo, responsabilidad, participación de todos los sectores involucrados y con el objetivo de mejorar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos”.

Recordó que, desde la primera reunión de la Mesa en marzo de 2017, el Ejecutivo regional “quiso ser motor y eje de dirección del Pacto por la Justicia” y para ello convocó “a todos aquellos que tenían algo que decir”: jueces, fiscales, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, organizaciones sindicales, representantes de los grupos políticos, colegios profesionales y asociaciones. “Y a todos pedimos propuestas de acciones y de contenidos”.

La consejera añadió que una vez fijado el primer objetivo de sus trabajos, actuar sobre las sedes judiciales, el Gobierno diseñó un plan de modernización de las infraestructuras judiciales con el objetivo de impulsar el mantenimiento, mejora y reforma de las sedes, así como de reubicar aquellas que se encontraran en peor estado o en las que se hubieran detectado necesidades significativas de espacio.

Informó también de que este plan cuenta con un presupuesto de 19,7 millones de euros para este año, 30 veces más de lo presupuestado al inicio de la legislatura e hizo hincapié en que cada una de las decisiones que se han ido tomando en el ámbito de la Justicia en la Comunidad se han trasladado a la Mesa, que las ha respaldado de manera amplia.

“Esto es hacer política. Desde el diálogo y la puesta en común pero con iniciativa y ejecución real. Desde la participación y la colaboración pero con liderazgo, propuestas y presupuesto. Y desde lo sectorial, pero con la perspectiva más amplia posible: la mejora de las condiciones de trabajo de los actores participantes en la Justicia madrileña que redundarán, en definitiva, en el servicio público al ciudadano”, concluyó.