Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, durante su comparecencia en la Comisión Mixta para la UE en el Congreso de los Diputados, en la que defendió que España se situa en la posición de otros países europeos y de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, para conseguir encontrar una "facilitación" del diálogo entre los actores políticos venezolanos.

No obstante, advirtió de que si la UE aspira a desempeñar un "papel de potencia" ha de dejar de jugar un papel de Cruz Roja. Llamó la atención ante el hecho de que "no la tomarán en serio" si dilata su capacidad de respuesta y se limita a proporcionar 35 millones de euros en cargo de ayuda humanitaria para aliviar la salida de 2,5 millones de refugiados del país caribeño.

También mostró su sorpresa ante el hecho de que algunas voces en la comunidad internacional hayan llegado a sugerir una intervención militar o el uso de la fuerza para superar la crisis institucional y humanitaria que se cierne sobre Venezuela.

Borrell ya afirmó esta mañana en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que no sumará a España a la demanda que varios países presentará ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Venezuela por una cuestión de “oportunidad” que podría dificultar el establecimiento de un diálogo entre los actores políticos venezolanos para acabar con la crisis institucional que vive el país caribeño.

Estos días había considerado "vergonzoso" que se acuse al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de haber representado a "unos españoles de apellido Cortina" en una concesión petrolera en la faja del Orinoco.

Por su parte, Fernando Maura (Cs) apeló a a analizar con detenimiento la situación en el país caribeño, donde "se conculcan los derechos de los ciudadanos", se establece una "asamblea bis", hay "presos políticos" y sus autoridades anhelan "perpetuar" al actual sistema.

Por esa razón, apostó por celebrar unas elecciones en las que participen todos los actores políticos de Venezuela que cuenten con la presencia de observadores internacionales.

Por parte del PP, María de la Concepción de Santa Ana aseguró que España debe condenar la "dictadura" de Venezuela y dijo que el diálogo que propone el Gobierno representa un "balón de oxígeno" para las autoridades chavistas.

Por ello, exigió al Ejecutivo que abogue por la celebración de unas "verdaderas elecciones", exija la libertad de los "presos políticos" y estimule la creación de un "canal humanitario" para ayudar a los venezolanos que abandonan su país.