Esta finca tiene una superficie de 1.512,59 metros cuadrados y una edificabilidad de 8.221, de los que 7.346 son para uso residencial libre y 875 para usos terciaros en planta baja, según informó Adif en un comunicado.

Esta finca, cuya licitación mediante subasta pública fue acordada por el Consejo de Administración de BSAV en mayo de 2017 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado mes de junio, es resultante del Proyecto de Reparcelación del Polígono de Actuación Urbanística (PAU) número 1 del planeamiento urbano en el sector del entorno de La Sagrera.

El precio mínimo de venta se estableció en 6.409.038,17 euros (IVA excluido) y adicionalmente, el adjudicatario deberá asumir las cargas urbanísticas pendientes que se estiman en 2.910.729,67 euros (IVA excluido).

Tras la recepción y admisión de cuatro proposiciones y la apertura de las ofertas, la Comisión Ejecutiva de la sociedad ha acordado adjudicar la parcela a la propuesta más ventajosa, presentada por la promotora Corp Edificacions, por un importe de 10.445.000 euros (IVA excluido), lo que supone un 63% de incremento sobre el precio mínimo de licitación.

La venta de esta parcela se enmarca dentro de los objetivos de la sociedad para la puesta en valor de los terrenos liberados del uso ferroviario y los acuerdos del Consejo de Administración de la sociedad, para la transmisión de los suelos titularidad de Adif y Adif Alta Velocidad y del Ayuntamiento de Barcelona a dicha sociedad y su posterior comercialización.

Los ingresos obtenidos contribuirán a la financiación de las actuaciones que corresponden a BSAV en los ámbitos de La Sagrera y Sant Andreu, según los acuerdos establecidos entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento para el desarrollo del conjunto de actuaciones de la red de alta velocidad en Barcelona.

La sociedad BSAV está participada por el Ministerio de Fomento, a través de las entidades públicas empresariales Adif AV (30%), Adif (7,5%), y Renfe Operadora (12,5%), por el Ayuntamiento de Barcelona en un 25%, y la Generalitat de Cataluña con el 25% restante.