Fuentes gubernamentales indicaron que la presentación de los PGE en el Congreso no debería interferir en los actos conmemorativos del texto constitucional, máxime cuando este año se celebra el 40 aniversario del referéndum en el que el pueblo respaldó la Carta Magna.

El Ejecutivo defiende la legalidad de sus cuentas frente a las críticas de la oposición y sostiene que el proyecto de ley que presente en Cortes será con la senda de déficit del 1,3% actualmente en vigor, y heredada del Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

Sin embargo, el cuadro presupuestario remitido a Bruselas recoge la senda del 1,8% autorizado por la Comisión Europea, porque desde el Ejecutivo sostienen que las autoridades comunitarias “no entenderían” que no se aprovecharan las décimas de más permitidas, traducidas en alrededors de 6.000 millones.

Dichas fuentes restan importancia a estas diferencias en la senda empleada porque sostienen que es “mínimo” lo que afectaría al déficit computable a la Administración del Estado, que es lo que se recoge en los PGE. Además, argumentan desde el Gobierno que están “tranquilos” y seguros de que no habrá multa alguna por parte de Bruselas, ya que la senda empleada es inferior a la autorizada por las autoridades comunitarias.

La diferencia entre la senda de déficit aprobada en las Cortes y la concedida por Bruselas tiene mayor implicación en las comunidades autónomas, al concederles unos 2.500 millones de gasto adicional, por lo que el Gobierno espera que ningún gobierno regional dé la “sorpresa” y haga sus Presupuestos con la senda europea si ésta no se ha aprobado todavía en el Congreso.

El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, frente al criterio que defendía el responsable de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, considera que las autonomías pueden realizar sus cuentas públicas sin esperar a los Presupuestos Generales del Estado.

Respecto al respaldo parlamentario que necesitarán las cuentas que presente el Gobierno, se insta a los parlamentarios de las formaciones independentistas de Cataluña a que hagan una “reflexión” sobre los beneficios sociales de los PGE para los ciudadanos catalanes.