La resolución del Consejo de Estado es preceptiva pero no vinculante, por lo que en cualquier caso el Gobierno no tendría la obligación de cumplir lo que señale este organismo.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se encargó de anunciar el martes esta decisión después de que la semana pasada el Ejecutivo anunciase “medidas legales” tras aprobarse la resolución del Parlament reprobando al Rey y reclamando la abolición de la monarquía.

“Este viernes propondremos un recurso ante el Tribunal Constitucional porque no se puede en un parlamento autonómico intentar trazar la forma de estado de este país; eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico, pero sí tiene que tener una respuesta política”, afirmó Calvo en los pasillos del Congreso. “Somos un Gobierno que sabemos perfectamente los espacios en los que nos tenemos que mover”.

Por su parte, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, declaró también el martes que es bueno que se respeten las instituciones del Estado, entre ellas la Jefatura del Estado.

“Por respeto al texto constitucional y por respeto a nuestro entramado institucional, es bueno mantener al margen a la Jefatura del Estado de la pugna política y de la controversia política, porque no es, desde luego, el rol y el papel que la Constitución le designa”, afirmó.