Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante su comparecencia en la Comisión Internacional para el Desarrollo de la Cámara Baja, en la que presentó las líneas maestras de su departamento en materia de cooperación.

Borrell reflexionó acerca de la necesidad de plantearse una nueva ley de cooperación y desarrollo sostenible debido a la urgencia de contar con un "marco regulador de referencia", porque España cuenta con "problemas estructurales" que impelen a "adaptar nuestra acción a los paradigmas actuales".

Recordó que la actual ley data de la década de 1990, lo que le sirvió para afirmar que "en este tiempo el mundo ha cambiado" lo suficiente como para adaptar la norma a la Agenda 2030.

REFLEXIÓN Y DEBATE

Por todo ello, invitó a iniciar un "proceso de reflexión y debate" para identificar los "puntos débiles de nuestro ordenamiento legal" en materia de cooperación al desarrollo que concluya en una nueva ley de cooperación y desarrollo sostenible que sólo desarrollará, advirtió Borrell, si concita el apoyo de todos los grupos del Congreso.

Por otra parte, dejó claro que la cooperación al desarrollo "es o debiera ser" una de las "señas de identidad" de este Gobierno, dejando claro que él la asume como una "prioridad", porque "si queremos existir internacionalmente deberíamos volver a ser un país de referencia" en esta cuestión.

Arguyó que la rigidez presupuestaria dificultará recuperar el nivel presupuestario dedicado a la cooperación al desarrollo, lo que le sirvió para adelantar que se ha autoimpuesto como compromiso convertir a España "a medio plazo" en un actor relevante en materia de cooperación. También indicó que trabajará para mejorar la situación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), que actualmente cuenta con un "presupuesto exiguo" y unos trabajadores con unas condiciones de trabajo precarias.

Explicó que en 2009 España aportaba el 0,46% de su renta nacional bruta a cooperación al desarrollo, una cifra que descendió hasta el 0,12% en 2015 y que ha subido hasta el 0,2% actual. No obstante, llamó la atención sobre lo ayuna que se encuentra actualmente la sociedad española de exigir, como hacía hace 20 años, que se alcance el 0,7%.

Afirmó que en 2016 España ocupaba el puesto 10 de 28 en la UE en materia de cooperación al desarrollo, si se tiene en cuenta la condonación de deuda a Cuba. Si se excluye dicha condonación de deuda, según Borrell, el país ocuparía el puesto 24 de 28, "compitiendo a la baja" con países como Grecia, que ha perdido el 25% de su PIB pero en términos de cooperación "está como nosotros".

Reconoció que "será muy difícil" mover en 2019 los 3.000 millones de euros necesarios para volver a los niveles de 2009 en cooperación al desarrollo, lo que le permitió confirmar que la cifra destina a esta cuestión en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) se encontrará "muy por debajo de mis expectativas". No obstante, comentó que esa cifra "sería menos restrictiva si el Parlamento hubiera decidido aumentar el techo de gasto".

PACTO DE ESTADO

Por su parte, señaló la necesidad de recuperar el pacto de Estado sobre cooperación que se alcanzó en 2007 y que permitió convertir a España en un "país de referencia" en la materia y reiteró el compromiso español con el proceso de reforma de la ONU que ha puesto en marcha el secretario general de este organismo, António Guterres.

También confirmó que apoyará la creación de un sistema de coordinadores residentes e impulsará la reforma de los fondos destinados a la lucha contra la malaria, el sida, la tuberculosis, el programa de seguridad alimentaria y los fondos de garantía de la educación.

Borrell hizo un aparte para resaltar dos cuestiones que considera de especial importancia: ayudar a la Agencia para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) -España ha duplicado los fondos que destina a ésta después de la decisión de EEUU de cortar todas sus aportaciones financieras a este organismo de las Naciones Unidas-; y la aportación de un esfuerzo mayor para la construcción de una desaladora en Gaza.

Mostró su preocupación por la situación en Venezuela, aclarando que "en absoluto" se cambiará la posición del Gobierno pidiendo que se supriman las sanciones al país caribeño, si bien comentó la conveniencia de que se facilite un diálogo entre los distintos actores políticos venezolanos.

PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN

A su vez, manifestó que actualmente se está adaptando un plan director de la cooperación española para 2021, comprometiéndose a comparecer en el Congreso una vez esté concretado, y observó la importancia de desarrollar un plan sobre África.

Se comprometió a presentar antes de fin de año una nueva estrategia de acción humanitaria de la cooperación española y celebró que la Oficina de Acción Humanitaria alcanzó este año la verificación de sus equipos al 'Start' por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que les habilita para participar en las operaciones de emergencia humanitaria internacionales.

A su vez, incidió en la importancia de reforzar el enfoque de cooperación en terrenos culturales, anunciando que el próximo mes de noviembre Madrid acogerá un "gran encuentro mundial sobre patrimonio y desarrollo".

Por último, reconoció la labor de los más de 2.600 españoles que trabajan en el mundo como cooperantes y se comprometidó a "dignificar" sus condiciones de trabajo y afeó a la portavoz de Podemos en la Comisión, Noelia Vera, que indique que el Gobierno no se implica lo suficiente en cooperación, teniendo en cuenta que la formacion morada ha formado parte del acuerdo presupuestario remitido a Bruselas.

Por otra parte, el portavoz de Cs en la Comisión, Fernando Maura, dejó claro que su partido "no regateará" esfuerzos en materia de cooperación y dijo que "no habrá inconveniente en participar" en los debates para reformar la ley de cooperación y desarrollo sostenible. Noelia Vera (Podemos) apoyó la apertura de una "mesa de trabajo" para cambiar la norma.

Carlota Merchán (PSOE) denunció que la cooperación quedó "desmantelada" en prespuestos y políticas durante la época de gobierno del PP (2011-2018), mientras que José María Chiquillo (PP) ofrecio su colaboración en la materia y afeó al ministro que se "suspendiera" el examen ante la ONU del grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).