En una nueva entrada en su blog, ‘Valor sindical’, Álvarez aseguró en una publicación titulada ‘El diésel, la automoción y el medio ambiente: por una transición justa’, que en su central sindical “estamos muy preocupados por la posición del Gobierno de España en materia de emisiones de gases contaminantes, la situación de los motores diésel y la transición energética”.

“Creemos que hay que huir de posiciones maximalistas”, señaló, para añadir que “es necesario asegurar un equilibrio razonable entre la consecución de los objetivos medioambientales, con los que UGT está absolutamente comprometida, y el mantenimiento de la competitividad de la industria de automoción española, sobre la base de una transición ordenada y no forzada que minimice los posibles efectos adversos en el empleo”.

Para defender su posición, Álvarez recuerda “la importancia del sector de la automoción para España”, apuntando que dicho sector supone el 8,5% del PIB español, y que, “si se suman las actividades de comercialización, posventa, servicios financieros o seguros, se eleva hasta el 10%”. “Factura más de 95.000 millones de euros al año (sumando los fabricantes de automoción y de componentes), produce cerca de tres millones de vehículos y exporta el 84% de lo que produce; y en España se matriculan cada año más de un millón de vehículos”, agrega.

Además, también subraya que el sector “contribuye a la Hacienda Pública con más de 26.000 millones de euros” y que “es también uno de los nichos de empleo más estables y con mayor crecimiento”. “Es una industria que sigue generando trabajo cualificado y estable, en la que el 83% de sus empleados tiene un contrato indefinido, y supone el 9% del total de la población activa en España”, añade.

Por ello, para Álvarez “esta transición tiene que ser negociada con empresarios y sindicatos y dirigida y apoyada mediante un plan estratégico consensuado”, al considerar que “una transición precipitada e impuesta supondrá un grave perjuicio para el empleo y la industria instalada en España, pudiendo obligar a las empresas a adoptar decisiones de deslocalización de sus fábricas”.

Por otro lado, el líder de UGT reclama también “la introducción de un paquete de medidas de flexibilización que ayuden a la consecución del objetivo de reducción e incentive a las tecnologías de cero y bajas emisiones, principalmente basado en no penalizar sino incentivar”. “Los planes de ayuda tipo ‘renove’ serán fundamentales una vez más”, agrega al respecto.

En este mismo sentido, también remarca que “una transición hacia la electromovilidad ha de tener en cuenta que hoy por hoy faltan infraestructuras de recarga, existe una alta dependencia de los fabricantes asiáticos de baterías y hay un bajo nivel de aceptación de los vehículos eléctricos por parte de los usuarios (1,5% del mercado europeo en 2017), motivado en gran medida por su elevado precio”. Por ello, pide que las administraciones públicas aumenten las infraestructuras de recarga y establezcan mecanismos de ayuda a la compra de vehículos eléctricos.