En un comunicado, el catedrático Ramón Tamames, presidente de la AESP, y Ramiro Aurín, director de la entidad, destacaron que el documento es un "mal llamado acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado, pues más bien parece un borrador de las bases ideológicas de un programa electoral populista”.

En este sentido, señalaron que en el acuerdo “se habla de forma engañosa de blindaje del carácter universal, gratuito y público de nuestro sistema sanitario”, ya que, según la AESP, “esas características están perfectamente blindadas”.

Para los dirigentes de la asociación, “la realidad de lo que expresan es una diatriba contra la posible inclusión de la gestión privada en el ámbito de la sanidad pública, mediante fórmulas bien contrastadas de colaboración público-privada”. “Esta confusión interesada y permanente entre privatización y gestión privada es, además de torpe, peligrosa”, afirmaron, para a continuación añadir que “para preservar el carácter universal, gratuito y público de nuestro sistema sanitario son necesarias reformas y evoluciones del sistema hacia una mayor eficiencia, y no proclamas populistas y sectarias limitadoras del derecho de los ciudadanos a participar en la gestión de lo público”.

Por otro lado, también resaltaron que en el acuerdo “se habla de flexibilización de las tasas de reposición de funcionarios de los ayuntamientos sin tener en cuenta los criterios ni los informes de la Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal (Airef), en un ejercicio de desprecio a la regulación independiente, aunque absolutamente pública, de nuestras cuentas e instituciones”.

Por ello, desde la AESP consideran que “no interesa el rigor ni el equilibrio, sino la posibilidad de manipular y ganar cuotas de poder”. Sobre este aspecto, Tamames y Aurín apuntaron que “en el caso de los ayuntamientos endeudados y que manifiestamente se revelan como incapacitados para preservar las cuentas públicas y gestionar la Administración local de forma eficiente, la relajación del control de las tasas de reposición de funcionarios comportará un endeudamiento para las arcas municipales que acabaremos pagando los ciudadanos para mayor gloria y beneficio de los políticos irresponsables”.

Además, subrayaron “el caso de los municipios que se hayan hecho cargo de más servicios públicos en los últimos años, a contracorriente de los recursos reales del ayuntamiento, que tendrán a su disposición una tasa adicional del 5%”. “Se trata evidentemente de un apoyo salvavidas a los problemáticos últimos procesos de remunicipalización”, indicaron al respecto.

De esta forma, para la AESP estas medidas pactadas por el Gobierno y Podemos “suponen un paso atrás en el progreso realizado desde la transición y de la calidad democrática de las sociedades más avanzadas”.

Por ello, la asociación pondrá en marcha en las próximas semanas, desde su Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR), “una exhaustiva monitorización y análisis de los programas de los diferentes partidos políticos para las próximas elecciones municipales, en los puntos referentes a los servicios públicos y a la estabilidad presupuestaria, con el objetivo de velar por la sostenibilidad municipal y los intereses de los ciudadanos”.