Así lo indicó durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde explicó que algunos locales, a pesar de las numerosas quejas y denuncias de los vecinos por exceso de ruido o aforo, “nunca llegan a cesar en su actividad”.

Por ello, el Ayuntamiento ha decidido tomar medidas y salir de la vía administrativa para entrar en la penal, a la que pueden llevar a estos locales “por un delito de insolvencia punible” para intentar que las denuncias de los vecinos tengan solución.

Maestre apuntó que esta nueva forma de actuar es fruto de una reflexión desde hace mucho tiempo, que permitirá “mejorar la eficiencia de una parte de los procesos sancionadores del Ayuntamiento.

En este sentido, lamentó que existen muchos locales en Madrid que tienen multas, denuncias, quejas y sanciones pero que, debido a “diversas tretas” administrativas y jurídicas, “nunca llegan a cerrar”, por el cambio del nombre de propietario, aunque la actividad continúe siendo la misma.

De este modo, este tipo de procesos enquistados o que se alargan en el tiempo se comunicarán a la Fiscalía, que “si considera que existen indicios para tratar de sancionar al local por la vía penal se va a implicar en el proceso, en el que el Ayuntamiento actuará como acusación particular.

Sobre este tema, la portavoz municipal indicó que, de momento, se han comenzado este tipo de acciones sobre dos locales y que hay otros 12 establecimiento en la capital bajo supervisión.

Maestre remarcó que no solo se trata de pequeños locales, sino que “estamos hablando de auténticos entramados empresariales con gran capacidad para buscar los atajos a la Administración, que se declaran insolventes cuando llega un proceso de sanción, por lo que no se les embargan los bienes”.

Enseguida, lamentó, “vuelven a darse de alta con otros nombres y siguen funcionando igual que antes, pero el proceso administrativo empieza de nuevo otra vez”. Es en esos casos donde el Ayuntamiento madrileño actuará a través del delito de insolvencia punible.

Dicho delito consiste en “demostrar que no es cierta esa insolvencia que declaran, sino que es solamente una treta administrativa”. Para ello, serán necesarios los informes de la Policía Municipal y de la Agencia Tributaria, para que determinen la veracidad de la insolvencia.