Así consta en el documento difundido este jueves que recoge toda una batería de medidas a incorporar en los Presupuestos para el próximo ejercicio. Esta medida, recogida en el capítulo dedicado al empleo, tendrá un impacto presupuestario de 340 millones de euros.

Este incremento en el SMI supone una mejora respecto al acuerdo que se firmó en diciembre de 2017 entre los agentes sociales y el anterior Gobierno del PP. Entonces, habían pactado elevar el SMI un 5% en 2019, hasta los 773 euros mensuales, y situarlo en los 850 euros en 2020.

Los sindicatos ya habían trasladado al Gobierno la necesidad de incrementar el SMI hasta los 1.000 euros mensuales, dadas las dificultades que se estaban produciendo en la negociación colectiva para aumentar el salario mínimo en convenio hasta esta cuantía.

Además, el acuerdo recoge la recuperación del subsidio por desempleo para los parados mayores de 52 años, una medida que ya había sido anunciada por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y que supone derogar parte de la reforma laboral del PP.

Para percibir este subsidio, se establece el cómputo de rentas sobre la base de las rentas de la persona beneficiaria y no de la unidad familiar, suprimiendo la obligación de tener que acceder a la jubilación anticipada cuando se percibe y volviendo a establecer en el 125% del SMI la base mínima de cotización a la Seguridad Social durante su percepción. El impacto de esta medida asciende a 323 millones.

A esta se suma la sustitución en 2019 de la Renta Activa de Inserción (RAI) y los programas extraordinarios como el Prepara, el Programa de Activación para el Empleo (PAE) y el Subsidio extraordinario por desempleo (SED) por una nueva regulación del sistema de protección asistencial por desempleo, que se está negociando en el ámbito del diálogo social.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En materia de negociación colectiva, el pacto recoge “derogar, antes de finalizar 2018, los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012”, aprobando con carácter “prioritario y urgente” una nueva regulación laboral que incluya la recuperación de la ultraactividad.

Se suma la revisión de las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, es decir, los descuelgues; reducir la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales y la inestabilidad y la rotación laboral, con medidas como “desvincular” el contrato de obra o servicio determinado de la realización de trabajos o tareas en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas. También recoge el refuerzo de la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial.

Por otra parte, el acuerdo contempla concluir “con la mayor urgencia posible” la tramitación parlamentaria de las proposiciones de ley sobre la modificación de los artículos 42 del Estatuto de los Trabajadores sobre igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, la modificación del artículo 34 para incluir la obligación de registrar diariamente el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador, la proposición sobre igualdad retributiva entre mujeres y hombres y sobre igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Asimismo, se iniciará en 2019, en el marco del diálogo social, los trabajos para la elaboración de un nuevo “Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI” y se ratificará en 2019 convenios internacionales en materia de derechos sociales.

AUTÓNOMOS

En materia de autónomos, el acuerdo Gobierno-Podemos establece que en 2019 se reformará el sistema de cotización de estos trabajadores para vincularlo a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja.

En otro punto, se prevé combatir la proliferación de falsos autónomos, antes de finalizar 2018, con medidas como determinar en la ley la presunción de que, salvo prueba en contrario, se considerarán relaciones laborales por cuenta ajena las prestaciones de servicios en las que los ingresos obtenidos por los trabajadores procedan de un único cliente o empleador.

El pacto Gobierno-Podemos también determina que se evaluará en el plazo de 4 meses el actual régimen especial del criterio de caja en el IVA, y se procederá, en su caso, a su revisión para, dentro de los límites de la directiva armonizada, hacerlo atractivo para autónomos y pequeñas empresas, y conseguir que sea un sistema efectivo de diferimiento del ingreso del IVA hasta el cobro de sus facturas.