Según recoge el documento conocido este jueves, la dotación presupuestaria para este capítulo alcanza los 220 millones d euros. En dicho documento se hace hincapié en la necesidad de desarrollar “de forma completa y ambiciosa” este pacto y se hace referencia a la próxima tramitación en el Congreso de los Diputados de un proyecto de ley “que dé más protagonismo” a los ayuntamientos, y les devuelva las competencias en esta materia, “por ser las administraciones más cercanas a las víctimas”.

A este respecto, el documento refiere la duplicación de los fondos destinados a programas dirigidos a erradicar la violencia de género para los ayuntamientos, que pasarán de 20 millones en 2018 a 40 en 2019.

De igual modo, se fortalecerán la tutela judicial y el acceso a la justicia con el fin de mejorar la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación “urgente” de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos “que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas”.

También se facilitará la acreditación de víctima de violencia de género a través de instituciones como los servicios sociales municipales sin necesidad de que medie denuncia policial o judicial.

PROTECCIÓN DE MENORES

El acuerdo reconoce que la protección de menores es “uno de los ejes más importantes” del Pacto de Estado, por lo que se modificará el Código Civil para que la atención y asistencia psicológica a estas víctimas no dependa de una decisión común en el ejercicio de la patria potestad cuando cualquiera de los progenitores esté inmerso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos de ambos.

El Pacto de Estado acordado en el ejercicio 2017 imponía una dotación de 1.000 millones de euros en cinco años para combatir el machismo, a repartir entre ayuntamientos (100 millones), comunidades autónomas (500 millones) y Estado (400 millones), de manera que para 2018 se invertirían 80 millones por parte del Gobierno central, 100 de autonomías y 20 de corporaciones locales. A la partida correspondiente a la Administración General del Estado se sumaron otros 50 millones que negoció Coalición Canaria.