Así se recoge en el acuerdo suscrito con Podemos sobre los Presupuestos Generales de 2019, que contempla también reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio.

Para poner freno al precio de los alquileres, se habilitará a los Ayuntamientos para la elaboración de un índice de precios de alquiler de referencia de acuerdo a una metodología objetiva y sujetos a revisión periódica.

En virtud de este índice, los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar, temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual, donde se podrá regular y limitar las subidas del precio del alquiler.

El Gobierno garantiza en el acuerdo que a lo largo de 2019 desarrollará los proyectos normativos necesarios para el cumplimiento de este compromiso. Por otro lado, el acuerdo propone ampliar progresivamente el presupuesto actual en materia de vivienda consignando en 2019 un total de 630 millones de euros (un aumento del 38%), 700 en 2020 y 1.000 en 2021.

Además, el acuerdo establece que se modificará la normativa del mercado de alquiler inmobiliario para ampliar el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años y que no se podrán garantías adicionales a la fianza en metálico hasta un máximo de dos mensualidades de la renta.

También contempla que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato irán a cargo del arrendador, en los supuestos en los que el arrendador sea una persona jurídica.

Por otro lado, el acuerdo recoge que para incrementar el número de viviendas en alquiler a precios asequibles y evitar la burbuja especulativa se aumentará en 20.000 el número de viviendas en alquiler a precios asequibles en el marco de un plan a cuatro años. Por último, se impulsará la aprobación parlamentaria de la normativa que refuerce la protección de las personas hipotecadas, la transparencia de las condiciones de contratación y sus implicaciones y se reforzará la atención a coordinación entre los órganos judiciales y la política social.