El ministerio público argumenta en su escrito que hay nuevos elementos incriminatorios contra el investigado que podrían ser constitutivos de los delitos de cohecho y de prevaricación administrativa. Sostiene que hay “nuevos y sólidos indicios” de la comisión de delitos.

Anticorrupción sostiene que los avances en el análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados el pasado mes de noviembre permiten seguir ampliando las fuentes de prueba en todas las líneas abiertas en la investigación sobre las actividades delictivas de una “organización incrustada en puestos de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía especialmente sensibles para la seguridad del Estado en los últimos quince años”.

Estos elementos, dice, aconsejan reabrir la instrucción de dicha pieza separada que, a juicio de la Fiscalía, se habría cerrado precipitadamente por el instructor, lo que llevó a la presentación el 23 de julio de recurso directo de apelación, pendiente de resolución por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El juez archivó esta pieza que investiga una parte de la causa sobre la "organización criminal" dirigida por el excomisario José Manuel Villarejo el pasado mes de julio. La investigación se centraba en la figura del excomisario del aeropuerto de Madrid-Barajas Carlos Salamanca, su mujer y sus hijos por la supuesta recepción de regalos y dádivas a cambio de introducir irregularmente en España a ciudadanos guineanos.

De Egea dictó el auto de sobreseimiento con el argumento de que no hay indicios que prueben que la familia de Salamanca, arrestado en noviembre y puesto en libertad en marzo, formara parte de una organización criminal junto con Villarejo, que está en prisión desde noviembre.