El Tribunal entiende que en el recurso concurre una especial trascendencia constitucional porque “plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”.

La providencia requiere a la Sala Penal del Tribunal Supremo para que en un plazo que no exceda de 10 días remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes. El recurrente considera que se ha podido vulnerar, entre otros derechos, el referido a un proceso con todas las garantías en su vertiente a la doble instancia penal o a la tutela judicial efectiva.