En concreto, según informó el Cermi, el Pleno del Consejo Escolar del Estado hace suya la petición del comité, defendida por María Luz Sanz Escudero, consejera escolar en representación de la discapacidad, que planteaba que en el caso de sustitución de profesorado, cuando este sea de alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad “la sustitución deberá realizarse priorizando cualificación y experiencia con alumnado con discapacidad”.

El Consejo Escolar en su dictamen plantea que la sustitución de profesores en los centros docentes públicos y privados sostenidos con fondos públicos se producirá de manera inmediata una vez surja la necesidad.

Y a propuesta del Cermi, que formuló enmienda con este fin, se ha añadido un párrafo más que precisa que en “el caso de profesorado de alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, la sustitución deberá realizarse priorizando cualificación y experiencia con alumnado con discapacidad”.

Secundado al Cermi, el Pleno del Consejo Escolar del Estado ha incluido en el dictamen este parecer, justificándolo en que en el caso de alumnado con necesidades educativas especiales es imprescindible que el profesorado de apoyo sustituto cuente con la especialización y la experiencia necesarias para poder dar cobertura a sus necesidades educativas y dar continuidad al trabajo emprendido por el profesorado sustituido y así garantizar su derecho a la educación inclusiva y de calidad.

Ahora es el Gobierno, a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el que debe recibir y valorar el dictamen del Consejo Escolar del Estado y considerar o no las aportaciones que este ha hecho, modificando el texto original del anteproyecto de ley, que convertido en proyecto de ley se remitiría a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.