Ambas resoluciones judiciales se referían a la suspensión, automática y por imperio del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando. El Tribunal aprecia que “concurre una especial trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”.

La Providencia comunica a la Sala Penal del Tribunal Supremo que en un plazo que no exceda de 10 días remita certificación o fotocopia autentificada de los autos citados anteriormente. Asimismo, se emplaza a quienes hubieren sido parte en el procedimiento para que en un plazo de 10 días puedan comparecer, si lo desean excepto la parte recurrente en amparo.