Según informó la Policía Nacional, durante la ‘Operación Laietana’, realizada en colaboración con Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), los agentes han revisado y analizado nueve expedientes relativos a 41 empresas “grandes deudoras”, constatando la implicación de 22 investigados en delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), falsedades documentales, frustración a la ejecución y estafa.

Los responsables de la comisión de los delitos han resultado ser, principalmente, los administradores y socios de las sociedades investigadas, pero también personas que actuaban como sus 'hombres de paja' o meros testaferros que estaban bajo las órdenes de los responsables reales.

Según los investigadores, estas personas eran, en algunos supuestos, familiares directos de los primeros o trabajadores de la propia empresa en connivencia con el patrón. Se encontraban bajo la amenaza de que era el único modo de reflotar la empresa y, por consiguiente, de mantener su puesto de trabajo.

Durante la investigación se han realizado los correspondientes informes patrimoniales de las personas y empresas implicadas, así como de sus entornos más próximo, logrando aflorar bienes que habían intentado ocultar para evitar las acciones ejecutivas de los acreedores, simulando con ello una situación de insolvencia. Todo ello se ha puesto en conocimiento del juzgado competente y de la Tesorería General de la Seguridad Social para la traba de los bienes.

Las investigaciones comenzaron a principios del año 2018, al ser remitidos sucesivamente distintos escritos-denuncia por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. En la documentación se detallaban las distintas formas de defraudación utilizadas por diversas personas y empresas de la provincia de Barcelona.

FORMAS DE DEFRAUDACIÓN

Así, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, se han detectado a lo largo de la investigación diversos modus operandi: creación sucesiva de sociedades mercantiles, creación dolosa de 'grupos de empresas', creación de entramados empresariales, sucesivas transmisiones de la titularidad de los bienes, maniobras de ocultación de bienes, venta ilícita o anticipada de los mismos con el fin de ocultarlos o entorpecer la labor recaudatoria de la TGSS y, por último, falsificaciones de certificados de estar al corriente en el pago con la TGSS.

Estas últimas eran realizadas por parte de las empresas subcontratadas por otras con el fin de cobrar las facturas o certificaciones de obra correspondiente y, así, evitar el embargo por parte del mencionado organismo público.

También se han detectado casos de subcontratas en los que, con el fin de conseguir las mismas o cobrar las facturas o certificaciones de obra correspondientes, las empresas contratadas y deudoras a la TGSS falsificaban los certificados de estar al corriente con dicho organismo para presentárselos a las empresas contratistas.

Tal y como explicó la Policía Nacional, algunos de los responsables que han resultado implicados en esta operación han reincidido en su conducta presuntamente delictiva, ya que fueron investigados en años anteriores en la Sección de Investigación de la Seguridad Social por hechos parecidos o similares a los expuestos.