WWF indicó en un comunicado que actualmente hay “caos administrativo” y los animales incautados están abandonados en distintos centros de rescate, lo que, “unido a la falta de planes de repatriación, condena a estos animales a estar encerrados de por vida”.

Además, el informe ‘El negocio de la extinción en España”, elaborado por WWF, indica que este país es “puerta de entrada a Europa” de importantes cantidades de animales que pertenecen al tráfico de especies silvestres, uno de los delitos organizados más lucrativos en el mundo, después del tráfico de drogas y armas.

Entre 2005 y 2012 se incautaron en España casi 41.000 especímenes amparados por Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), de los que correspondían a animales vivos unos 7.800 reptiles, más de 500 monos y alrededor de 2.500 aves.

Por ello, WWF España ha lanzado una campaña para pedir a los ciudadanos y al Gobierno compromiso en la lucha contra la caza furtiva de especies en peligro en todo el mundo, que cuenta ya con casi 74.000 firmas.

Pese al importante tráfico de especies que registra, España carece de un centro de rescate de referencia al que llevar todos estos especímenes vivos en cuanto son incautados, con el fin de garantizar los cuidados adecuados antes de valorar su posible traslado a otro centro especializado o su repatriación.

Esa ausencia hace que estos animales queden en manos de los propios traficantes o bien sean trasladados a un centro que los acoge voluntariamente, pese a no contar con los medios y recursos necesarios, según WWF.

Por la ausencia de los necesarios planes de repatriación, estos animales están condenados, además, a permanecer en estos centros el resto de su vida en lugar de ser devueltos a su hábitat natural.

En España existen 35 centros que alojan cerca de 13.000 ejemplares decomisados de más de 200 especies diferentes. Sin embargo, sólo cinco de estos centros cuentan con el correspondiente convenio de colaboración y la aportación que hacen las autoridades es “totalmente insuficiente”, según WWF, pues cubre apenas una parte mínima del coste real de manutención de estos ejemplares (menos del 10% de los gastos reales).

“Así, se está dejando en manos de las ONG y de la buena voluntad de entidades privadas una responsabilidad del Gobierno, que está incumpliendo sus obligaciones y sus compromisos internacionales”, subrayó WWF.