Así lo explica la comisaria europea de Justicia, consumidores e Igualdad, Vera Jourová, al eurodiputado belga Hugues Bayet en una respuesta escrita a la que ha tenido acceso Servimedia. A este respecto, Jourová señala que la Comisión puede iniciar un procedimiento de infracción solo cuando un Estado miembro no haya cumplido una obligación en virtud de los tratados, algo que no se puede aplicar en este caso.

Además, indica que Bruselas no puede emprender acciones de infracción contra empresas ni intervenir en litigios entre empresas y sus empleados.

En todo caso, la comisaria hace referencia a que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión europea (TJUE) dictó una sentencia en 2017 en la que establece que son los tribunales del país donde el trabajador desempeña habitualmente su labor los competentes para dirimir las disputas con la compañía.

Asimismo, recuerda que el Reglamento Roma I, que determina la ley aplicable a las relaciones laborales, también establece el lugar donde se realiza habitualmente el trabajo como su principal factor de conexión.

Por último, sostiene que la empresa y los trabajadores pueden elegir la ley aplicable al contrato, pero añade que cualquier opción no puede privar a los empleados de la protección en virtud de la ley del Estado miembro donde habitualmente realizan su trabajo.