En concreto, solicita que se deje sin efecto el archivo de las piezas separadas 2 y 3 conocidas como ‘Iron´ y `Land´, al haberse hallado con posterioridad a los autos de sobreseimiento provisional parcial dictados el 30 de julio de 2018 nuevos elementos incriminatorios contra todas las personas involucradas y, en particular, contra los siete investigados en total que se vieron afectados por las decisiones de archivo.

Estas actuaciones que fueron archivadas podrían haber sido constitutivas de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y falsedad en documento mercantil. La petición se basa en los avances en el análisis de la documentación, tanto en papel como en soporte digital, incautada en los registros practicados el pasado mes de noviembre.

Esos nuevos datos, dice el ministerio público, permiten seguir ampliando las fuentes de prueba en todas las líneas abiertas en la presente investigación sobre las “actividades delictivas de una organización incrustada en puestos de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía, especialmente sensibles para la seguridad del Estado en los últimos quince años”.

Los indicios recabados “aconsejan reabrir la instrucción" de dichas piezas separadas que, a juicio de la Fiscalía, “se habrían cerrado precipitadamente por el instructor”, el juez Diego de Egea, lo que llevó a la presentación el 13 de agosto de 2018 de sendos recursos en ambas piezas, pendientes de resolución por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Entiende Anticorrupción que hay “nuevos y sólidos indicios en estas piezas”, lo que justifica su petición de dejar sin efecto los sobreseimientos acordados sin esperar a la resolución de los recursos, lo que “permitiría el más amplio e inmediato ejercicio del derecho de defensa de los investigados afectados por las decisiones de sobreseimiento provisional”.

El juez instructor de la `Operación Tandem´ decidió el pasado mes de agosto dejar en prisión al excomisario José Manuel Villarejo, investigado por delitos de extorsión y revelación de secretos que le reportaron 5,5 millones de euros de facturación, y acordó una fianza de un millón de euros para la salida de la cárcel de su socio Rafael Redondo.

Villarejo fue detenido el pasado 3 de noviembre y tras prestar declaración el juez le envió a prisión provisional. Desde entonces se encuentra ingresado en la prisión de Estremera. Se le investiga por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, y blanqueo de capitales (en la causa principal), así como por descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.

La Fiscalía sospecha que Villarejo se sirvió de su condición privilegiada como policía para hacer seguimientos y escuchas ilegales con fines de extorsión, por lo que se han ido abriendo piezas separadas en la causa. La venta de informes de inteligencia está siendo investigada en las dos causas para las que se solicita la reapertura.

En la pieza `Iron´ se investiga el presunto clonado del servidor por parte de un grupo de abogados para tener la base de datos de clientes del despacho del que se marcharon para abrir un despacho competidor, el bufete Balder IP Law. En la pieza `Land´ se estudia un informe encargado por la hija del promotor de la exclusiva urbanización madrileña La Finca, Susana García-Cereceda, que le pidió que investigara a otros miembros de la familia con los que estaba en lucha por la herencia millonaria del patriarca.