La Sala apoya su decisión en que la dignidad con la que esas circunstancias son expuestas por las defensas no es suficiente para neutralizar los riesgos de fuga y de reiteración delictiva que llevaron al instructor y a la Sala de Recursos a acordar la medida cautelar.

"Los fines del proceso y, de modo especial, las medidas cautelares que tienden a asegurar esos fines, no se desdibujan por los padecimientos que en el orden familiar puede acarrear la privación de libertad", subraya el tribunal.

De acuerdo con el criterio del fiscal, afirma que la adopción de medidas cautelares está sometida por la propia ley "a los principios de legalidad, judicialidad, excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad y temporalidad, atendiendo a los graves perjuicios personales y familiares que en todos los órdenes supone la privación de libertad, así como sus consecuencias colaterales respecto de otras personas que puedan estar vinculadas al procesado".

Cuando el juicio de ponderación sobre la concurrencia de los presupuestos que legitiman la medida restrictiva se hace con el filtro de esos principios, explican los magistrados, "los sentimientos de aflicción de los familiares debilitan su rango axiológico y no pueden operar como razones desencadenantes de la libertad".

Algunos de los procesados alegaron la vulneración de su derecho a la defensa y a un proceso justo si continúan en prisión durante la celebración del juicio. La Sala señala que "ni el contenido material del derecho a la defensa, ni, por supuesto, el derecho a un proceso con todas las garantías, están afectados por las condiciones que, en su caso, presidirán la celebración de las sesiones del plenario. La dignidad de los procesados, las condiciones de su alimentación y la habitabilidad del lugar de su custodia serán debidamente garantizadas por esta Sala".

La Sala rechaza también las alegaciones referidas a la vulneración de los derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y a un proceso público sin dilaciones indebidas realizadas por los procesados Jordi Turull y Josep Rull en sus respectivas peticiones de libertad.

Tampoco admite la alegación de Dolors Bassa relativa a que ha abandonado la política y al clima político actual proclive al diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat. En este sentido, la Sala responde que "ni las medidas cautelares vigentes respondieron, en el momento de su adopción, a un determinado clima político, ni su permanencia puede hacerse ahora depender de un contexto político diferente".