En su comparecencia ante la comisión del ramo, Valerio explicó que, de esta forma, el Ejecutivo trabaja para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 11 de julio que condenaba a España por dicho asunto.

Se trata de la primera vez que "un alto tribunal de un país de la UE condena a un Estado miembro por incumplir sus compromisos en materia de asilo y reasentamiento", apuntó Valerio, para quien "esto debería avergonzarnos a todos".

Según la ministra, de las 19.500 plazas que España se comprometió a ofrecer en 2015 tras la crisis migratoria de ese verano, “en realidad sólo se han ofertado 2.500 (1.875 para refugiados de Grecia y 625 para Italia), lo que supone un 12,85% del total prometido”.

En su fallo, el Alto Tribunal recordó a España que las decisiones adoptadas por el Consejo Europeo en esta materia eran de carácter “vinculante y obligatorio".