Del mismo modo, criticó la concepción “estatalista e intervencionista” de la Educacación que, a su entender, defiende Celaá y animó a las familias a que reclamen sus derechos y se impliquen “más activamente tanto en la defensa de sus intereses legítimos como en el cumplimiento de su deber primordial, el de criar y educar a sus hijos".

En un comunicado emitido este martes tras la intervención de la ministra en un encuentro informativo, el Foro criticó que la titular de Educación defienda una concepción “estatalista e intervencionista” de la enseñanza según la cual el Estado “es el adalid del derecho a la educación de los menores”, cuando, por el contrario, según su criterio, “son los padres los verdaderos garantes de éste y los responsables de la enseñanza de sus hijos".

Así se pronunció Javier Rodríguez, director general del Foro de la Familia, quien, tras criticar que, para la ministra "quienes tienen la obligación de servir la educación son los poderes públicos", lamentó que esta creencia pone en "evidencia la intención de sustituir en su papel a los verdaderos garantes del derecho a la educación”, en referencia a las familias.

“Es algo que atenta contra la Constitución y los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y que abunda en el problema de la Educación en nuestro país: su politización y el uso interesado y sesgado que se hace desde los partidos políticos cuando llegan al poder”, continuó, al tiempo que reflexionó cómo “con estas ideas, jamás conseguiremos la estabilidad y las líneas firmes sobre las que asentar la enseñanza de las nuevas generaciones".

En esta línea, subrayó la necesidad de que el Estado “respete los derechos fundamentales de padres y de centros de enseñanza”, que conllevan, "necesariamente, la libertad para escoger centro, para educar a sus hijos conforme a sus creencias y valores, para crear y dirigir centros docentes y para dotar a éstos de un ideario y carácter pedagógico propio", espetó.

"Nos parece muy triste que se confunda el artículo 27.5 de la carta magna para justificar la injerencia del Estado en las conciencias de los niños y en la libertad de las familias", concluyó Rodríguez.