Por este motivo, el Convenio de Aarhus, dependiente de Naciones Unidas, ha llamado la atención a España por vulnerar ese tratado, según informó SEO/BirdLife.

En el pasado, durante la tramitación de la Ley presentada por el PP, el PSOE presentó enmiendas en este sentido reclamado por SEO/BirdLife durante la tramitación de una ley presentada por el PP y en la actualidad hay una iniciativa legislativa presentada por Podemos para modificar la norma con el objetivo de que las ONG ambientales puedan acceder sin trabas a la justicia gratuita.

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, recordó a Sánchez que “el acceso a la justicia gratuita es una herramienta para caminar hacia la transición ecológica” y que “las ONG ambientales defienden un derecho fundamental: el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado protegido por el artículo 45 de la Constitución Española”.

“Por ello, y del mismo modo que ocurre en otros países y como establecen algunas directivas europeas y el Convenio de Aarhus, debe haber un reconocimiento expreso y sin ambigüedad para que las ONG ambientales de utilidad pública estén legitimadas como organizaciones que defienden el bien común y puedan actuar sin trabas en todos los órdenes jurisdiccionales”, añadió.

La actual Ley de Acceso a la Justicia Gratuita impide que las ONG ambientales con mayor capacidad técnica y jurídica puedan beneficiarse de esa gratuidad. Actualmente, las personas jurídicas sin ánimo de lucro que tengan como fin la protección del medio ambiente tienen acceso a la justicia gratuita si acreditan insuficiencia de recursos para litigar.

Pero sucede que la Ley Orgánica del Derecho de Asociación exige también a las asociaciones de utilidad pública que cuenten con los recursos adecuados para garantizar el cumplimiento de sus fines estatutarios, con lo que, según SEO/BirdLIfe, “se genera así un bucle que impide a las ONG ambientales de utilidad pública acceder a la justicia gratuita, ya que para ser de utilidad pública deben tener recursos y, por tener recursos, no pueden por tanto acceder a la justicia gratuita”.

“Esto contraviene lo establecido en el Convenio de Aarhus, que obliga a establecer mecanismos de asistencia apropiados encaminados a eliminar o reducir los obstáculos financieros o de otro tipo que obstaculicen el acceso a la justicia”, agregó.

En su día, el exministro de Justicia Alberto Ruiz Ruiz-Gallardón anunció en el Congreso que ampliaría el beneficio de la justicia gratuita a las entidades medioambientales, pero ese anuncio quedó paralizado con la llegada de Rafael Catalá a la cartera de Justicia.