Fuentes del Ministerio indicaron a Servimedia que esta semana se iniciarán las reuniones con los sindicatos del sector, tendrán un carácter técnico y se alargarán en el tiempo. Entre los temas a abordar se encuentra la equiparación del permiso de paternidad y maternidad en 16 semanas para los empleados públicos de la AGE, que el Gobierno ya ha ofrecido.

También la bolsa de horas de libre disposición de hasta un 5% de la jornada anual destinada a medidas de conciliación para el cuidado y atención de mayores, personas con discapacidad, e hijos menores, en los términos que en cada caso se determinen.

El Gobierno y los sindicatos también abordarán el reparto para este año del 0,2% de la masa salarial para planes o proyectos de mejora de la productividad, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino, o la aportación a fondos de pensiones. Para 2019, el porcentaje de la masa salarial que se destine a estas finalidades será el 0,25%, y en 2020 será el 0,3%.

Por parte de los sindicatos, CSIF considera que es preciso aplicar ya los fondos adicionales comprometidos para avanzar hacia la equiparación salarial de la AGE con las comunidades autónomas y garantizar un salario mínimo de 1.200 euros.

Desde el Área Pública de CCOO reclaman al Gobierno que se comprometa a cumplir íntegramente el acuerdo a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, o que lo garantice por real decreto.

CCOO volverá a plantear la eliminación del requisito de cumplimiento de regla de gasto y déficit para el desarrollo de la jornada en todos los ámbitos, como las 35 horas semanales, así como que no haya pérdida de poder adquisitivo y haya una referencia a la vinculación al IPC.

Por su parte, la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT destaca que se está negociando el IV Convenio Único para el personal laboral de la AGE, que afecta a casi 50.000 trabajadores, y en el que se “va avanzando”, según declaró a Servimedia el secretario general de AGE de UGT, Carlos Álvarez.

Este sindicato pondrá encima de la mesa la homologación del personal laboral y funcionario de la AGE, puesto que detecta una diferencia “significativa” entre las retribuciones medias en este ámbito siendo categorías profesionales equivalentes.