Así lo explicó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde indicó que transcurrido este periodo las VTC deberán adaptarse a la normativa municipal y autonómica para poder llevar a cabo transporte urbano.

En el caso de que los actuales poseedores de las licencias no las adapten a la nueva normativa municipal o autonómica, dicha licencia seguirá siendo operativa pero solo para realizar transporte interurbano.

Según Ábalos, esta moratoria de cuatro años “adquiere naturaleza indemnizatoria” por lo que se mostró convencido de que el Estado no deberá asumir costes por reclamaciones de los titulares de licencias VTC. En todo caso, explicó que el decreto contempla ampliar los años de moratoria para responder a posibles reclamaciones.

A este respecto, defendió que “no quitamos la licencia a nadie” y añadió que lo que ocurrirá es que algunos verán modificadas sus condiciones, algo que en el caso del taxi ya ha sucedido.

En concreto, el decreto aprobado hoy permite delegar la regulación de las licencias VTC a las comunidades autónomas. Gracias a esta medida, que ha generado el rechazo del sector de los vehículos VTC, los taxistas desconvocaron le huelga indefinida que llevaron a cabo durante el verano.

La nueva normativa, que modifica la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), dejará en manos de las propias autonomías asumir o no dicha capacidad regulatoria. De esta manera, las autonomías tendrán la capacidad legal de permitir a los ayuntamientos que tomen medidas como la de la de aplicar una licencia urbana tal y como pretende el Área Metropolitana de Barcelona, medida que ha suspendido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El Ministerio de Fomento considera que al tratarse de un transporte urbano e interurbano deben ser las autonomías las que regulen las VTC. Ábalos afirmó que “este es un conflicto en el que hay muchos intereses, lo que ha hecho este Gobierno es no caer en un interés concreto” y aseguró que el Ejecutivo ha actuado “con la mayor objetividad y racionalidad”.

Además, el ministro destacó que la pérdida de empleo “no tiene por qué darse y nadie debería amenazar con pérdida de empleo”, en referencia a la advertencia que hizo el sector de las VTC en este sentido.

En la misma línea, insistió en que la nueva norma busca que el sector sea “ordenado” y “crezca con seguridad”, sin que haya “discriminaciones como ha habido hasta ahora”; y defendió que “son dos servicios de transporte que desarrollan su actividad en el mismo ámbito, pero con una fuente de regulación distinta”.

De hecho, afirmó que “no tiene ningún sentido” que los ayuntamientos tengan que Acer política urbana dejando al margen un medio de transporte tan importante como las VTC, además del hecho de que la situación es muy desigual en distintas zonas de España.

Por último, anunció que el decreto contempla también la constitución de un grupo de trabajo que se encargue de la búsqueda de soluciones que faciliten la convivencia ordenada entre el taxi y las VTC.