Según informó el PP, los presidentes provinciales se reunieron hoy con el coordinador de Política Autonómica y Local del partido, Juan Manuel Moreno, para "analizar la dramática situación que atraviesan los entes locales en España", y alertaron contra la supresión de la línea ICO de apoyo a la financiación de los ayuntamientos prevista en Ley de Morosidad.

De acuerdo con su versión, "no es justo" que los ayuntamientos "paguen en mayor medida las consecuencias de la política económica de un Gobierno que cuando ya arreciaba la crisis se dedicó a despilfarrar los recursos de los españoles".

El manifiesto aduce que "Zapatero vuelve a perjudicar en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 a las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, al disminuir en 11 millones de euros los fondos que destina el Ministerio de Política Territorial para financiar planes provinciales e insulares de Cooperación", un recorte que se suma al de 19 millones ejecutado en 2010.

VETOS Y PROPUESTAS

A la vez, los populares censuran que el Gobierno haya vetado la tramitación de una serie de enmiendas del PP a los Presupuestos que pretendían aliviar esta situación, en lo que juzga "un exceso en el ejercicio de sus facultades, que se extralimita del ordenamiento jurídico, sin argumentar razones suficientes para ello, puesto que las enmiendas del PP no suponen un incremento del gasto", pues sólo reclamaban flexibilizar la devolución de liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009 por Participación en Tributos del Estado, de 60 a 120 mensualidades.

A mayores, el PP propone incrementar el porcentaje de las entregas a cuenta que corresponden a las entidades locales del 95% al 98%, en línea con lo previsto para las CCAA; destinar excepcionalmente en 2011 el endeudamiento a inversiones, instrumentar la nueva línea de crédito ICO-morosidad Entes Locales, aumentar el Fondo especial de financiación para municipios con población inferior a 20.000 habitantes y dotar adecuadamente el Fondo especial de financiación para garantizar una participación en tributos del Estado de 165 euros/habitante.

Igualmente, el manifiesto sugiere que las entregas a cuenta de las diputaciones no puedan ser inferiores a las que percibieron en 2009, garantizar unos ingresos mínimos a las de de menor tamaño poblacional, incrementar los Planes de Cooperación para igualar la inversión de 2009 en los servicios obligatorios básicos de los pequeños municipios y mejorar la red viaria, y realizar un estudio que permita evaluar y realizar un diagnóstico para garantizar la prestación de los servicios públicos básicos en los municipios con baja densidad de población.

Por último, el PP defiende impulsar la “segunda descentralización”, de las comunidades a los ayuntamientos, y una "reforma en profundidad de las Administraciones Públicas" para "delimitar y concretar la ejecución competencial, reorganizar sus estructuras funcionales, evitar duplicidades y la dispersión del gasto sobre una misma materia, constitucionalizar el principio de estabilidad presupuestaria y reordenar y restringir el sector público empresarial y fundacional".