Así se desprende del informe ‘Las pensiones en España’ presentado este miércoles, que ha sido editado por el Consejo General de Economistas y dirigido por el catedrático de Economía Guillem López-Casasnovas, y en el que han participado economistas de diferentes universidades españolas.

El estudio apunta que, dado que para mantener pensiones similares a las actuales (en relación al salario medio) se necesitan en torno a 2,4 empleos por pensionista, para financiar seis millones de pensionistas más se necesitarán casi 14,5 millones de empleos adicionales, lo que supone casi duplicar hasta 2050 el número de empleos, pasando de algo más de 18 millones de ocupados a casi 33 millones.

Asimismo, de cumplirse las proyecciones de la Comisión Europea para 2018, el déficit actual del sistema público de pensiones aumentará a medio y largo plazo desde el 1,6% del PIB al 6,3% en 2050. Para que el déficit se situara en cero en 2017, hubieran sido necesarios 3,3 millones más de empleos.

Con una tasa de crecimiento anual del PIB real del 1,8% durante el periodo 2017-2050, y suponiendo una revalorización de las pensiones del 1,8% anual, el gasto en pensiones sobre el PIB pasaría del 11,7% actual al 14,8%.

El estudio también apunta que las dos últimas reformas de pensiones (en 2011 y 2013) han optado por abordar el reto de la sostenibilidad financiera del Sistema fijando un porcentaje de gasto máximo destinado a pensiones, en torno al 12% del PIB. Con ello, los expertos señalan que la tasa de sustitución caería durante las próximas décadas desde el 83% actual hasta el 50%.

También calcula que la productividad por ocupado en España, del 83,75%, debería alcanzar el 90% en 2050 para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.

El catedrático que ha dirigido el informe destacó que si el gasto público se mantiene constante para atender a todos los colectivos, la presión fiscal debería pasar del 38,2% actual al 57,2%, y si se financia incrementando el déficit, “esto nos llevaría en 2029 a un stock de deuda que genera un efecto bola de nieve”.

“La magnitud del problema es tan grande en estos momentos que dejarlo a debate en el Pacto de Toledo a mí me parece muy atrevido”, afirmó. López-Casasnovas añadió que “la inoperancia o la buena voluntad sin fruto (del Pacto de Toledo) hace para los académicos desconfiar de que sus señorías nos van a resolver este problema”.

Respecto a la pensión de viudedad, el catedrático consideró que hay que “poner fecha de finiquito” porque estaba pensada “para una época”.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, destacó que “lo que puede pasar mañana está muy condicionado por las decisiones que tomemos hoy” y “se pueden dar las condiciones necesarias, pero no suficientes, para que las cosas vayan en la dirección que queremos”.